Astaldi dejó abandonada su maquinaria en la zona donde se construye la presa El Chaparral. Fotografía de Óscar Machón.
La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pidió hoy al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador avalar un segundo embargo a la empresa Italiana Astaldi, esta vez por $227 millones, por daños y perjuicios a la autónoma tras el incumplimiento de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral.
"La labor de la CEL no es solo venir y señalar a los culpables y decir ellos fueron, también es quitarle hasta el último centavo", dijo esta tarde, el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, al presentar su dictamen de acusación por parte de la querella en el juzgado.
El representante legal de CEL, Orlando Quijano, explicó que ese monto es adicional a los $50 millones que según la Fiscalía General de la República, los imputados Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y cuatro más, afectaron al Estado tras el arreglo directo con la italiana.
"Ustedes dirán ¿de dónde sacaron ese cálculo? $61 millones en concepto de responsabilidad civil, $54 millones en concepto de pagos de intereses por los préstamos que se habían dado del BCIE y lo más importante, el otro cesante, ese proyecto si hubiese sido terminado en su época hasta esta fecha hubiese generado $111 millones, de ahí la cifra de porqué queremos que el tribunal autorice este embargo en bienes propios de Astaldi", dijo Quijano.
El representante de la CEL también dijo que de ser avalado por el juzgado, se haría efectiva a través de una asistencia internacional con la República de Italia.
Este mismo viernes 14 de agosto, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación penal en contra de los imputados del caso: el expresidente de la República, Mauricio Funes; su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán; el empresario Miguel Menéndez "Mecafé"; el expresidente de la CEL, José Leopoldo Samour; el representante de Astaldi, Mario Federico Pieragostini y José Efraín Quinteros, a quien la Fiscalía define como experto en ocultamiento y disfraz del origen ilícito de los fondos.
En febrero de este año, el Juzgado Noveno de Instrucción avaló un embargo sobre todos los bienes de Astaldi en el país, que la empresa constructora dejó varados en el lugar donde se edifica la presa El Chaparral.
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La tesis fiscal indica que con aval del entonces presidente de la República, Mauricio Funes, la CEL hizo un arreglo directo con Astaldi para abadonar la construcción de la presa de un contrato llave en mano por unos $108.5 millones, en de los cuáles unos $50 fueron en perjuicio del Estado salvadoreño.
La fiscalía dice que parte del dinero fue a parar a dos empresas offshore a Panamá, y que las cuentas eran administradas por "Mecafé" y por Funes; y luego, esas "offshore" alimentaban la sociedad Latin America Spa, a nombre de Ada Mitchell Guzmán, ahora compañera de vida del exmandatario.