Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Publica de la UCA, más del 40 % de la población encuestada desconoce los pormenores de aquellos Acuerdos, no debe extrañar entonces que el 48 % esté dispuesto a vivir bajo un régimen autoritario si éste garantizara su seguridad y por ende el resto de sus derechos; percepción que no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que una parte importante de fuerzas militares se encarga actualmente de tareas propias de la Policía Nacional Civil, producto esta última del pacto de Chapultepec.
¿Cómo se llegó a esta situación? No puede afirmarse simplemente que se trata de un olvido por parte de la población encuestada, ya que esto implica necesariamente que alguna vez se tuvo conocimiento de la historia, lo que nos está diciendo la encuesta universitaria es que una parte importante de la generación nacida en la posguerra nunca recibió la educación necesaria para valorar uno de los más grandes logros contemporáneos del país, de la comunidad internacional y de los mecanismos universales puestos al servicio de una operación de paz que, pese a sus limitaciones, permite hoy a los olvidadizos y a los ignorante de la historia una vida en condiciones razonables de libertad, al menos hasta ahora.
El estudio de la UCA incluye otros datos preocupantes: más de un 50 % de los encuestados se muestra favorable a que se repriman huelgas o protestas que causen desorden, el 48.7 % acepta que se limiten los derechos de los ciudadanos y el 76.6% que se gobierne con medidas de “mano dura”, llegando hasta un 85.6 % aquellos encuestados que creen que el país “funciona mejora si hay autoridades fuertes”.
En un país como el nuestro, donde la tentación autoritaria ha sido la constante en gobiernos de izquierda y derecha, ni siquiera se plantea la disyuntiva entre la democracia y el abuso del poder, pues tal parece que todos están dispuestos a sumarse a una autoridad que vea en la Constitución, las leyes y las garantías individuales un obstáculo para alcanzar los “grandes objetivos nacionales”, que siempre salen a relucir en los discursos oficiales y que tan nefastos resultados han tenido para la vida de los salvadoreños.
Quizás valga la pena recordar que entre el 18 de enero y el 1 de febrero de 1992, el mismo instituto universitario realizó una encuesta titulada “Los salvadoreños ante los Acuerdos de Paz”, en aquella ocasión de hace veintiocho años, el 45.5% de los encuestados afirmaba que el cese del enfrentamiento era el logro más importante del proceso de negociación, el 53.7 % se mostraba a favor de una depuración y reducción de la Fuerza Armada y el 47.5 % se declaraba en contra de la aprobación de una amnistía para los violadores de derechos humanos y, muy importante, el 31.7 % consideraba que la concertación nacional era el esfuerzo más importante para la consolidación de la paz.
¿Dónde quedó aquella vocación democrática? ¿Por qué una generación después los salvadoreños parecen ver en los derechos humanos una amenaza para la gobernabilidad y la seguridad? ¿Por qué la paz alcanzada fruto del dialogo y de la negociación no es considerada un valor esencial y a la vez un logro nacional? Quizá las respuestas no sean tan obvias, pero la responsabilidad de las partes signatarias y en particular las consecuencias de sus omisiones están a la vista: casi tres décadas de polarización política, de remilitarización de la sociedad salvadoreña y de campañas partidarias con un enfoque más interesado en distorsionar las causas y consecuencias de la guerra, son las que ahora han producido las opiniones que la encuesta refleja.
Todavía está en proceso la discusión de una Ley de Reconciliación, en este país donde apenas se hizo alguna mención al último aniversario de los Acuerdos de Paz y donde se pretende escuchar a los mismos violadores de los derechos de las víctimas, y una redacción final a cargo de los mismos que participaron en acciones bélicas o represivas. Vale la pena preguntarse si no será esta la oportunidad de la Asamblea Legislativa para rehabilitarse a sí misma y con ella, al resto de la clase política, que solo ha tenido éxito construyendo ignorancia y olvido.