El transporte público tendría que cumplir medidas sanitarias como distanciamiento, portación de mascarillas, desinfecciones frecuentes y uso de alcohol gel. / DEM
El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, confirmó la noche de este jueves que el transporte público no funcionará desde la primera fase de la reactivación de la economía, pese a los pedidos de la empresa privada de instalar este sector para movilizar a los trabajadores.
“El transporte público no está contemplado para reabrir operaciones al inicio de las fases, por el alto nivel de propagación del virus. Hemos acordado con las empresas que ellos proveerán de transporte a sus empleados”, dijo.
La decisión del Gobierno contrasta con uno de los artículos de la “Ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía” aprobada este jueves por la Asamblea Legislativa. El artículo 24 de la normativa aprobada por los diputados autoriza la circulación del transporte público y privado de pasajeros, así como transporte de carga, guardando los protocolos sanitarios y de distanciamiento social: uso obligatorio de mascarillas, alcohol gel, desinfección tres veces al día y no sobrepasar la capacidad de pasajeros según lo determinado por el protocolo.
Sin embargo, en la propuesta del Gobierno el transporte colectivo se reanudaría hasta la segunda fase, que iniciaría el martes 7 de julio. “El día de mañana (viernes) continuamos las jornadas de planificación con los 18 sectores empresariales, con quienes aún se afinan los detalles sobre qué sectores reanudarán operaciones en cada fase”, dijo María Hayem, ministra de Economía.
El miércoles, el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, afirmó que había posibilidades de reanudar el servicio de transporte público desde la primera fase del plan de reactivación económica, que inicia el martes 16 de junio, a solicitud de las empresas pues lo consideran necesario movilizar a sus colaboradores.
Esta propuesta se negocia en la Mesa de Reactivación Económica, donde participan una veintena de representantes de empresas privadas para definir gradualidad y fechas de reapertura. El plan dominante es el presentado por el Ejecutivo en cinco etapas, de 21 días las primeras cuatro.
