No hubo más testigos de la orden recibida, cuyo origen se remonta al discurso presidencial del 24 de septiembre de aquel año, en el que el Presidente Mauricio Funes reconoció ante la Asamblea General de la ONU, la infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado, así como la necesidad de impulsar la creación de una “Comisión Centroamericana de Investigación del Crimen Organizado Transnacional”, la cual, tendría como inspiración la Comisión creada en Guatemala y cuyos resultados habían tenido un alto impacto en la opinión publica de aquel país y en la región.
Inmediatamente se iniciaron acciones en dos direcciones: la construcción de una verdadera y efectiva coordinación interinstitucional alrededor de este esfuerzo, contactando a funcionarios de la corporación policial, de Cancillería y de la misma Presidencia de la República y, en un segundo momento, estableciendo comunicación con organismos internacionales con experiencia en asesoría a gobiernos en el combate contra el crimen organizado. En aquellos mismos días la Fundación Heinrich Boll organizó un evento en San Salvador, al que asistieron especialistas de la CICIG, en aquella época a cargo del exfiscal general costarricense Francisco Dall’Anesse Ruiz y se sostuvo reuniones con estos y con el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado (UNODC).
Poco a poco la programación de reuniones bilaterales, el acopio de información y la priorización de este esfuerzo, fue quedando a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Inspectoría General no solo fue desplazada del mismo, sino que además, tuvo que redoblar esfuerzos en el proceso de depuración de mandos policiales, el cual estaba siendo duramente cuestionado por Diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que vieron en dicha iniciativa “una cacería de brujas” contra ex miembros del ejército, tema que llego hasta la Sala de lo Constitucional y que no fue sino hasta mayo del 2011, que se pronunció y legitimó la constitucionalidad del trabajo emprendido por la Inspectora Zaira Navas.
Mientras tanto, las autoridades de Cancillería, la UNODC y la oficina de asuntos políticos del Secretario General de la ONU con sede en Nueva York, concluyeron a mediados de noviembre del 2010 el borrador de lo que sería el proyecto de una “Comisión Internacional contra el Crimen Organizado en El Salvador”, identificada por sus siglas como “CICOSAL”. En ese proyecto se consideraba “impracticable” el traslado del modelo de la CICIG de Guatemala a otros contextos o a gran escala como lo quería el presidente Funes para el resto de los países del triángulo norte, los especialistas de la ONU no solo consideraban los obstáculos legales, sino que también el costo de operación de una comisión regional. Se optaba, por el contrario, por una comisión internacional dedicada a fortalecer en nuestro país la legislación contra el crimen organizado, a mejorar la capacidad de investigación de unidades policiales especializadas, apoyar el trabajo de fiscalías y tribunales especializados en el procesamiento de miembros de redes del crimen organizado y, finalmente, orientada a apoyar la participación de la sociedad civil en los esfuerzos de lucha contra la corrupción.
Como puede verse, nada se dijo de los crímenes del pasado, de los hechos atribuibles a un solo partido político o sobre adoptar en su integridad “el modelo guatemalteco”. Sin embargo, una vez iniciado el año 2011, desde Presidencia de la República cesaron las comunicaciones relacionadas con este esfuerzo innovador de lucha contra la impunidad y la corrupción, un año después, la dirección de la Policía Nacional Civil y la titularidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública quedaría a cargo de miembros de la fuerza armada, retornando a la corporación policial, una cantidad significativa de los oficiales que habían sido depurados durante los años anteriores.
Ni la CICIES, ni la CICOSAL ni algun otro mecanismo expedito y eficaz ha sido implementado por las autoridades durante los últimos diez años. El número de muertes violentas aumenta, junto con el saqueo de fondos públicos y la cantidad de personas que huyen del país. Combatir con efectividad la impunidad y la corrupción es una promesa de campaña, pero a la vez, una realidad incómoda para algunos que han aprendido a convivir con ambos problemas. Quizá no sean estas comisiones internacionales la solución a los problemas de impunidad y corrupción, pero por supuesto, la inmovilidad gubernamental no contribuye a la solución de estos.