La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria de el Salvador (Camarasal) rechazaron la propuesta de reforma al decreto 593 que pretende darle la facultad al Órgano Ejecutivo decidir qué empresas continuarán operando durante la emergencia.

La Cámara de Comercio responsabilizó al Gobierno de las consecuencias que pueda ocasionar a las micro y pequeñas empresas y el "inevitable desempleo" que provocará.

El problema, de acuerdo a la ANEP, es que el primer inciso de la propuesta ratifica el cierre absoluto de las empresas. "La regla va a ser que no operen las empresas y la excepción es definir cuáles pueden operar", dice el asesor legal de la gremial.



De acuerdo a Olmedo, la reforma sería inconstitucional. Olmedo sostiene que si hay una paralización absoluta de la actividad económica, las empresas quebrarán, se generará desempleo y pobreza. "Eso mata también", expresó.

La ANEP también se opone a que el Ministerio de Trabajo esté facultado a emitir protocolos sanitarios para empresas autorizadas, ya que esto le corresponde al Ministerio de Salud. El ramo de Trabajo estaría facultada a cerrar de inmediato a las empresas que no cumplan, con ayuda de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para hacer cumplir las medidas.

"El protagonista de este tema no tiene que ser el Ministerio de Trabajo, no tiene que ser la Fuerza Armada, no tiene que ser la Policía Nacional Civil, porque es un problema sanitario", reclamó Olmedo.





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De acuerdo al abogado, es un error demonizar la figura de la suspensión de contrato de trabajo, que está vigente en el Código de Trabajo pero que se intenta prohibir en esta propuesta de reforma.

Una de las opciones consideradas por las empresas en situaciones de emergencia es asegurarle el empleo al trabajador pero suspendiéndole el contrato de trabajo mientras dure la crisis. Esta figura es regulada por el artículo 35 del Código de Trabajo por casos de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al patrono.

"Lo que van a provocar es que la empresa va a quebrar y que el trabajador se va a quedar sin trabajo. A quien está afectando es principalmente a las pequeñas y medianas empresas, principalmente a los trabajadores. Es una propuesta irresponsable y populista porque, al final, cuando, el próximo mes, una empresa no tenga para pagar esa planilla, se va a disipar y el trabajador va a quedar sin ingresos y sin una certeza de que va a tener trabajo", advirtió.