Este caso comenzó el 2 de mayo de 2015 cuando el rentista de capital (persona dedicada al cambio de divisas), hizo escala en el Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en un vuelo procedente de Cancún, estado de Quintana Roo, México, con destino a Bogotá, Colombia.
El extranjero quien iba de tránsito portaba $279 mil en un maletín e informó a un agente de la División Antinarcóticos sobre el dinero que llevaba, ya que se dedicaba al cambio de divisas mostrándole todas las declaraciones de salida e ingreso en las aduanas de Colombia y México y las declaraciones de renta como persona natural en las que consta que lleva 20 años pagando sus impuestos en Colombia.
Esa misma documentación donde demostraba la legal tenencia y procedencia lícita del dinero fue puesta a la orden de la FGR, pero no le dieron validez; lejos de eso le dijeron que esos documentos eran falsos y lo detuvieron. En ese momento comenzó un largo calvario, que según Silva Zambrano le ha causado un daño psicológico y patrimonial por el cual el Estado de El Salvador deberá responder por la vía legal. Uno de los primeros pasos que seguirá es presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ordene devolverle el dinero que la Fiscalía, vía extinción de dominio, le quitó pese a una resolución que decía que el dinero era lícito, y patrimonio de vida de su familia, con el cual se estaba dedicando a trabajar.
Si la CSJ no repara el daño causado llevará el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando una millonaria demanda en contra de El Salvador.
“Nunca he cometido ningún delito, ese delito de lavado de dinero me lo pusieron ellos (Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil) en el aeropuerto; ellos mediante presión cuando estaba detenido querían que yo me declarara culpable y con eso me expulsaban del país y se quedaban con mi dinero y sin averiguar nada me colocaron ese delito penal, cosa que los magistrados ahora están diciendo por qué hicieron eso. Pero ellos sabían que al colocarme un delito penal tan grave el proceso iba ser largo. Yo se que tuvo que ver el exfiscal Douglas Meléndez y Jorge Cortez”, dijo desde Colombia Silva Zambrano.
El camino legal
Cuando Silva Zambrano fue detenido la Unidad de Investigación Financiera (UIF) lo procesó en el Juzgado de Paz de San Luis Talpa y en la audiencia inicial fue puesto en libertad y la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente anuló la resolución.
Al conocer esa decisión judicial, el colombiano de 58 años de edad se presentó voluntariamente al Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, cuando se hizo la audiencia preliminar de nuevo fue sobreseído, la UIF volvió apelar y la misma Cámara ordenó que fuera enviado a juicio pero con medidas alternas a la detención.
Cuando se hizo la vista pública el extranjero compareció a la diligencia y el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca lo absolvió el 1 de marzo de 2016, el Ministerio Público apeló y la Cámara ordenó un nuevo juicio.
En la segunda vista pública el colombiano también fue absuelto por lavado de dinero, el 13 de abril de 2018, por segunda vez la Fiscalía apeló la sentencia absolutoria y la Cámara la confirmó el 14 de junio de 2019, a partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para presentar casación, pero al no hacerlo el tribunal superior notificó a los abogados defensores y al colombiano que se declaró en firme y ejecutoriada la sentencia.
“La Cámara me ha notificado que ya quedó en firme la sentencia absolutoria, que se acabó todo ya, que no hay nada más que hacer por parte de la Fiscalía. Los vencí en franca lid en cinco oportunidades en lo penal y siempre dije la verdad y no me creyeron como dijo el magistrado de la Cámara, tanto así que hasta vergüenza tuvieron de no hacer una casación porque con qué argumentos, con todas las mentiras que ellos han dicho da vergüenza porque iban a quedar mal parados”, sostuvo Silva Zambrano.
