¿Cuál es su evaluación general del desempeño del gobierno actual en sus primeros cien días?, ¿cuáles son principales logros o buenas señales; y sus principales desaciertos?
En general, considero que los principales logros del gobierno consisten en mejorar la percepción sobre el clima de negocios en el país, a través de una relación más cercana con el sector privado y en fortalecer la seguridad ciudadana, con el combate a la delincuencia común y estructuras organizadas. Según datos públicos se logró una reducción en el promedio diario de homicidios en los últimos dos meses. En cuanto a desaciertos, debo apuntar que si bien el Gobierno tiene toda la facultad de organizarse, lo que incluye la supresión de algunas oficinas o dependencias, esa medida debió respetar el debido proceso y considerar con imparcialidad a los buenos servidores públicos que realizaban una labor estrictamente técnica. En particular, el Ejecutivo debe apostar por una profesionalización de la función pública y esto inicia por promover y “retener” al talento humano calificado.
¿Se atrevería a dar una nota global?
Aunque cien días de gestión es prematuro para medir, el beneficio a favor del nuevo gobierno, que inicia con un alto índice de aceptación por parte de la población, debe leerse como una expresión de esperanza, mas no de un “cheque en blanco”, por lo que le otorgo 8 sobre 10.
¿Qué decisiones del Gobierno han mostrado respeto a la institucionalidad, derechos humanos y democracia?
La democracia exige la debida separación e independencia entre los órganos del Estado, lo que supone lógicas diferencias que deben ser zanjadas a través de los mecanismos constitucionales e institucionales. Considero que el Gobierno durante este período ha mantenido ese respeto a la independencia de los otros órganos autónomos, lo que fortalece el sistema de frenos y contrapesos.
¿Qué decisiones de este Gobierno no han mostrado respeto a la institucionalidad, los derechos humanos y la democracia?
Todo gobierno debe estar abierto a la crítica y al escrutinio público. El Gobierno debe ser respetuoso del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como de la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole, consagrados en los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En ese sentido, tal como señaló el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los gobiernos deben ser “neutrales” frente a la línea editorial de los medios de comunicación y por tanto, no deben restringir el ejercicio de la labor periodística.
¿Cuál debería ser el reto de este Gobierno en acceso a la información pública?, ¿se puede evaluar ya su gestión en información pública?
Para cualquier gobierno, el mayor reto será siempre propiciar la máxima publicidad de la información en su poder y, por ende, acotar el número de reservas. La transparencia es una condición indispensable para la democracia y el buen gobierno, y es una herramienta clave en el combate a la corrupción; por ello es importante que se promueva desde el más alto nivel. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de apostar a la archivística; es decir, a las buenas prácticas de gestión documental y archivos para el mejor resguardo de la información; y promover los principios del gobierno abierto y digital. El mundo digital abre puertas a nuevos desafíos y uno de ellos es garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. En este momento, no podría evaluar la gestión del Gobierno en información pública, ya que no se ha dado a conocer una política o lineamiento específico al respecto, pero sí es importante destacar que los retos que tiene son muchos y que no pueden ser dejados en segundo plano.
¿Qué señal le da el cambio de muchos oficiales de información pública durante este Gobierno?, ¿es normal o hay algo irregular? (se conoció que se han movido un total de 20 oficiales de información).
Aunque desconozco el dato sobre el número de oficiales de información pública que habrían sido cesados en sus funciones durante el cambio de gobierno, siempre debo reiterar que dicho cargo no debe entenderse como “de confianza”, sino como estrictamente técnico; por lo que, indistintamente existan cambios de gobierno o no, se requieren mecanismos legales para dotarlos de estabilidad. Debe comprenderse, entonces, que no obstante los cambios de gobierno, nacional o local, tanto los oficiales de información, como los oficiales de gestión documental y archivos, constituyen el enlace directo entre la institución y la sociedad, y quienes preservan el acervo documental y riqueza histórica de cada institución.
¿Cree que ha sido atinada la decisión de darle la atribución al secretario jurídico de la Presidencia de coordinar a todas las unidades de acceso a la información pública del Órgano Ejecutivo, según la reforma al reglamento de Presidencia de la República, con el objetivo de garantizar transparencia?
Por definición, el secretario jurídico de la Presidencia ejerce funciones más propias de un consejero o defensor de las acciones del titular del Ejecutivo, que las de un promotor de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales; por lo tanto, lo aconsejable es que sea otro funcionario a quien se le otorguen las atribuciones de promoción y coordinación de ambos derechos fundamentales. En un sano ejercicio democrático, el Ejecutivo no debe rehuir al debate sobre el carácter público de una información, y a quien correspondería promover y abogar por el principio de máxima publicidad ante las instituciones gubernamentales, e incluso ante la misma Presidencia, debería ser a un consejero o comisionado presidencial designado para tal efecto. Sin desconocer que la declaratoria de reserva de una información corresponde a las autoridades de cada institución del Estado, el Ejecutivo necesita un consejero experto que abogue por el acceso a la información pública y la confidencialidad de los datos personales.
¿Ve buenas señales en cuanto a la búsqueda de un mejor clima de inversiones en el país?
Como lo señalé, uno de los principales logros en estos primeros 100 días del Gobierno es haber dado buenas señales para mejorar el clima de negocios o inversiones en el país, a través del ofrecimiento de reglas claras para el inversionista, reducción de la tramitomanía, y la generación de mayor predictibilidad y seguridad jurídica.
¿Cuáles deben ser las siguientes acciones en la generación del clima de inversiones?
La ejecución de los planes de simplificación de trámites en cada uno de los ministerios y demás dependencias del Ejecutivo, con el apoyo político del más alto nivel y la coordinación técnica de entidades claves, como el Organismo de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, cuyas leyes obligan a la elaboración de planes anuales. Otras acciones serían la digitalización de los trámites, como parte de las acciones de simplificación administrativa; la implementación del uso de la firma electrónica y del intercambio interinstitucional de información mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (“interoperabilidad”); y dotar al sistema de una institucionalidad complementaria, mediante la creación y nombramiento de los primeros miembros del Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, cuya ley está vigente desde abril de este año.
¿Cuál es su valoración acerca de la Cicies presentada por el presidente?
Es positivo que se haya anunciado su carácter “autónomo, independiente, neutral y transparente”, porque evita la instrumentalización política y reafirma su naturaleza técnica. Celebro que su propósito sea “apoyar, fortalecer y colaborar activamente” con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, porque el enfoque es sistémico, progresivo y de coordinación. Si bien El Salvador posee una arquitectura institucional más completa en comparación a nuestros vecinos, Guatemala y Honduras, los esfuerzos en la materia han sido atomizados y poco articulados. El comisionado encargado tiene la importante tarea de atraer a todos los actores y concentrar tales esfuerzos, lo que requiere un firme compromiso de todos funcionarios con la transparencia, y la creación de mecanismos de fiscalización y participación ciudadana.