Según el último informe del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), entre enero y abril del presente año, alrededor 61,670 personas dejaron de cotizar al sistema. Se presume que mucha de esa baja es producto de las medidas tomadas para frenar la pandemia, las cuales llevaron al desempleo o suspensión de labores en muchos sectores, particularmente de quienes trabajan en los rubros del turismo, construcción, manufactura, comercio y similares.

Si bien las cifras no son reconocidas oficialmente por el titular del Ministerio de Trabajo, no se puede negar que miles de personas se vieron afectadas económicamente por la falta de un plan integral en el manejo de la pandemia, y que para recuperar dichos empleos es necesario crear un clima que favorezca la función empresarial y que facilite la generación de riqueza.

Desde mi lente liberal, un plan de recuperación económica debe incluir un trío de elementos básicos, sin los cuales, a mi juicio, es imposible hablar de reducir o eliminar el malestar provocado a los trabajadores y a sus familias en los últimos meses: estabilidad política, seguridad jurídica y libertad económica.

Tal como sugiere el sentido común, la estabilidad política es esencial para fomentar el emprendimiento y atraer empresarios, a nadie le interesa invertir en un país cuyo futuro es incierto y en donde el gobierno vive en constante conflicto con sus críticos. Por ende, si la actual administración está interesada en ayudar a los nuevos desempleados, un buen primer paso sería dejar a un lado la arrogancia que la caracteriza y abstenerse de seguir creando enemigos entre quienes pueden ofrecer soluciones sensatas a los problemas que actualmente nos enfrentamos.

Tampoco es secreto que para inspirar certeza en el mercado es imperativo que exista seguridad jurídica, es decir, que las leyes sean claras, precisas y estables. Para que un inversionista se sienta cómodo con arriesgar su capital en nuestro territorio, debe estar seguro cuáles son las reglas del juego y que no cambiarán de la noche de la mañana por caprichos políticos o intereses particulares. Para tales efectos, un segundo paso para recuperar los empleos perdidos, depende de que el Ejecutivo deje de confundir a las personas sobre la legalidad de los decretos emitidos, respete la constitución y dialogue con otros sectores para sacar leyes oportunas a la situación que vivimos.

Para acelerar la generación de empleos también es indispensable facilitar la creación de empresas y de hacer negocios. Un buen clima de inversiones no está completo si los empresarios carecen de libertad económica y se ven estorbados por enredos burocráticos, regulaciones restrictivas o altos costos para obtener licencias y permisos para operar. En consecuencia, un tercer paso que no puede faltar para resucitar el ambiente laboral en El Salvador, implica tomar medidas que agilicen el surgimiento, formalización y expansión de empresas nacionales y extranjeras, como por ejemplo, simplificando trámites, reduciendo aranceles, entre otros.

La solución no es un misterio, nada más requiere de un gobierno capaz de brindar confianza, que respete las reglas establecidas y que deje a las personas trabajar con la mayor libertad posible.

El problema, sin embargo, es que nada de eso se está cumpliendo, lo que significa que muchos seguirán abandonados en el desempleo hasta que un milagro suceda y el gobierno cambie su enfoque.