Editorial & Opinion

Contra la razón de Estado…

Roberto Burgos Viale / Catedrático

lunes 14, septiembre 2020 - 12:00 am

El ejercicio de aquellos derechos constitucionales que implican un cuestionamiento al poder del gobierno, trae aparejado en democracias imperfectas como la nuestra las más variadas consecuencias –negativas- para la tranquilidad de las personas y para su estabilidad laboral o emocional.

Auxiliado por una amplia red de anónimos en redes sociales, el Órgano Ejecutivo se precia de contar con un apoyo mayoritario casi absoluto, que ataca a cualquiera que se atreva a criticarle en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y ya no se diga, en caso de recurrirse ante alguna de sus erráticas acciones, al conocimiento de alguna de las instituciones contraloras e independientes que aún existen.

Una de estas instituciones más afectas a los derechos de la ciudadanía es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Institución que aunque no goza de la autonomía orgánica y financiera que algunos desearíamos, ha demostrado a lo largo de sus siete años de funcionamiento que es posible facilitar la contraloría ciudadana y prevenir la corrupción, mediante el impulso del derecho a saber que está reconocido implícitamente en la Constitución.

publicidad

El Instituto nació con dificultades y con poco apoyo gubernamental, fue gracias a la cooperación internacional que desde un principio pudo asumir sus funciones, cuando no contaba con local, personal especializado, ni mobiliario propio. La primera generación de comisionados y comisionadas juramentados en febrero del 2013, ni siquiera contó con el pago de sus salarios durante los primeros meses de trabajo, y fue en la Asamblea Legislativa donde sonaron las mayores protestas cuando estos formularon su primer proyecto de presupuesto, proponiendo un salario de cinco mil dólares, que aunque ni siquiera se acercaban al monto total de la retribución mensual que los legisladores perciben entre emolumentos y viáticos, estos los consideraron “excesivo” para la realidad del país.

El tiempo demostró que aunque con un salario menor al de la mayoría de funcionarios de segundo grado y mediante un apego bastante preciso a la ley y a los propios precedentes que sus miembros fueron creando, esta institución garante de derechos fundamentales tan importantes como el de la libertad de expresión, de acceso a información, así como de petición y respuesta, podía dar muestras claras de compromiso ético y legal con el Estado de Derecho, pero sobre todo con las personas, que hicieron de este “derecho llave” como suele llamársele, su principal herramienta para acceder a aquellos datos relevantes, que cuando se conocen oportunamente, permiten tomar las mejores decisiones y proteger las condiciones de vida de la mayoría, tan necesitada del buen uso de los recursos públicos confiados al funcionariado, ese mismo que consideró oneroso el proyecto de salarios del Instituto.


Visto en perspectiva el esfuerzo hecho por cientos de usuarios y al menos tres generaciones de titulares, el IAIP tampoco podía quedar fuera de las intenciones del actual Gobierno de cooptar las instituciones independientes, máxime cuando estas no se someten a la orquesta de aplausos que viene organizando desde que tomo posesión.

La semana pasada no solo se reformó de manera inconsulta el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que además, se eligió a un comisionado titular y a su respectivo suplente, en representación del gremio de periodistas, quedando este sector representado ante el pleno del IAIP, por alguien que ni por asomo conoce las salas de redacción, que tampoco es conocido como comunicador social y cuyo único mérito comprobable hasta el momento –si es que se puede considerar como tal- es gozar del apoyo del presidente de la república, además de su afinidad por el partido político de aquél.

Las razones para tan aceleradas reformas y nombramientos, no fueron para ampliar los alcances de los derechos constitucionales en juego, o de corregir fallas en el funcionamiento del ente contralor, fue la más pura expresión de la llamada “razón de estado”, tan apreciada por los gobernantes autoritarios, fascistas, comunistas o populistas de nueva generación, mediante la cual los destinos del país se equiparan al simple ejercicio de su voluntad personal, que todo lo puede y que todo lo requiere, en cumplimiento de un destino y de unos fines que solo ellos conocen.

La historia del Instituto de Acceso a la Información Pública, comenzó dándole a los ciudadanos que lo requerimos la satisfacción de contar con respuestas a nuestras interrogantes. Hace siete años se comenzó preguntando: ¿Hacia dónde iba Mauricio Funes? Hoy nos terminaremos cuestionado: ¿Hacia dónde nos lleva Nayib Bukele?





RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.