El 7 y 8 de mayo pasado, en Costa Rica, la Alac desarrolló su quinto encuentro, donde participaron representantes de gobierno, empresas, gremiales y organizaciones internacionales de 16 países, incluido El Salvador.
El comercio ilícito, afirmó la Alac al término de dicha reunión, “es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de América Latina, debido a las consecuencias que ha generado en las instituciones, la sociedad y en el mercado”.
El contrabando abarca el consumo ilegal de ropa y accesorios, bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicinas y entretenimiento, como películas y música.
Según una encuesta realizada por Euromonitor Internacional en 2018, con ciudadanos de México, Brasil, Colombia y Perú, hay un desconocimiento entre los consumidores sobre el consumo ilegal de productos y se muestran más permisivos cuando se trata de productos como ropa, accesorios y entretenimiento. En medicamentos y bebidas alcohólicas hay un amplio porcentaje, del casi 70 %, que no recomienda el consumo de productos ilegales porque representan un peligro para la salud, pero no lo asocian con pérdidas fiscales.
Una muestra de cinco países latinoamericanos (Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Surinam) reporta una pérdida de $1,464.3 millones en impuestos de producción, consumo e importación de alcohol ilegal.
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
Durante el encuentro de la Alac también se hizo eco del nexo entre contrabando de cigarrillos y el financiamiento a actividades ilícitas.
El contrabando y la falsificación de productos y piratería forman parte de los activos del crimen organizado. Una investigación de CID Gallup Latinoamérica, publicada en 2016, comprobó que las pandillas reciben financiamiento del contrabando de cigarrillos en el país, así como a grupos terroristas como Hezbollah y Al Qaeda. Sólo El Salvador consume 940 millones de cigarros al año y de estos el 32 % son ilícitos, indicó dicha investigación.
Si el fisco persiguiera el delito del comercio ilegal de cigarrillos, El Salvador recibiría, en promedio, $15 millones adicionales cada año en ingresos tributarios, estima el estudio realizado por CID Gallup.
“Las economías ilegales transgreden las reglamentaciones, las obligaciones tributarias, ponen en riesgo a los consumidores y propician una desventaja con los actores que se ciñen a los marcos regulatorios, desestimulando el empleo, la producción y la competitividad”, indicó la Alac.