Editorial & Opinion

Coronabusiness

Lilliam Arrieta de Carsana / Abogada

lunes 20, julio 2020 - 12:00 am

“En río revuelto, bonanza de pescadores” decían las abuelitas, porque tristemente en tiempos convulsos como guerras,  desastres naturales y pandemias, como la que vivimos actualmente, nunca falta quien se lucre indebidamente de la situación.  Para evitar que sean los propios representantes del pueblo quienes lo hagan, existe una serie de leyes y mecanismos que prohíben que los servidores públicos participen en decisiones que les puedan generar un beneficio directo a ellos o a sus familiares.

La prohibición más concreta la encontramos en el literal c) del art. 5 de la Ley de Ética Gubernamental, el cual establece textualmente “Que es obligación de toda persona sujeta a la ley cumplir con los siguientes deberes éticos: Art.5, literal c) Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”. Por si alguna persona no tiene claro lo que significa un conflicto de interés, el art. 3 de esta misma ley lo define como “Aquellas situaciones en que el interés personal del servidor público o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entran en pugna con el interés público”. Las violaciones a esta norma implican una sanción por parte del Tribunal de Ética Gubernamental, además de un rechazo social que cada vez se va haciendo más fuerte, pero que también podrían dar lugar a investigaciones penales en caso de que también exista un presunto delito.

Actualmente, con motivo de las compras de emergencia que el Gobierno ha tenido que hacer, han ocurrido y se han destapado –a través de diversas investigaciones periodísticas– varios negocios realizados por funcionarios del Ejecutivo o sus parientes cercanos, en los que hay un claro conflicto de interés. El coronavirus trajo consigo otra pandemia: los “coronabusiness”. Tristemente, así como en tiempos de guerra, hay quienes sufren consecuencias humanitarias inmensurables, también hay quienes se lucran inmensurablemente con negocios relacionados con la venta de armas, principalmente.

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Algunos de los casos de conflictos de interés que se han conocido en meses recientes, relacionados con la emergencia sanitaria, involucran a personas con altos cargos en el Ejecutivo.

Analicemos solo tres de ellos.


1) Compra de insumos médicos a una empresa vinculada directamente con Jorge Aguilar, Presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y propietario de la empresa de reciclaje de plástico que vendió protectores faciales al Ministerio de Salud (MINSAL) por US$250,000. Supuestamente, la empresa del ahora exfuncionario vendió al MINSAL mucho más caro de lo que vende al público en general, por lo que además de existir un conflicto de interés, la venta se llevó a cabo con sobreprecios.

2) Compra de insumos médicos a empresa que fabrica objetos de porcelana: otro caso indignante, fue la adquisición de mascarillas protectoras por el MINSAL a una empresa con sede en Miami, que se dedica a la fabricación y venta de productos de cerámica. Esta firma, recibió en abril, la adjudicación de un contrato por US$3 millones para la provisión de 1.5 millones de mascarillas fabricadas en China, a un precio de US$2 la unidad, a pesar de no haberse dedicado antes de la pandemia a la fabricación de insumos médicos.

3) Compra de botas de hule a empresa vinculada con familiares del Ministro de Salud: Una empresa propiedad de familiares del Ministro de Salud recibió una orden de compra por US$225,000 para la adquisición de botas de hule supuestamente para los médicos, a pesar de que el rubro habitual de la empresa es el de vender repuestos para carros.  En declaraciones de prensa recientes, el Ministro ha manifestado que será la Corte de Cuentas de la República la que deberá decidir si hubo o no irregularidad en la contratación.

¿Qué tienen en común estos pocos casos analizados? Que existe un claro conflicto de interés en la contratación, lo que está prohibido por la ley.  Que las adquisiciones no fueron hechas en las mejores condiciones, puesto que no se ha comprado a empresas especializadas en insumos médicos o se han pagado sobreprecios. Los conflictos de interés no han sido desvirtuados por las personas involucradas, no han sido explicados y, peor aún, no han sido sancionados.  Mientras algunos funcionarios o sus familiares parecen estar haciendo “negociazos” con los fondos de emergencia, en los hospitales faltan insumos y tanto pacientes como médicos están falleciendo cada día en cifras más altas, pero lo peor de todo es que en el GOES parece haberse perdido la brújula moral por completo.  Mueren decenas o cientos de salvadoreños cada día y no hay quien responda por estos negocios corruptos que están floreciendo durante la pandemia. ¡Vergüenza para ellos!





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