Los países de América Latina y el Caribe se han visto golpeados por la pandemia del COVID-19, que se propagó con gran rapidez. Después que otras regiones, lo cual les brinda la oportunidad de aplanar la curva de contagio. Se han lanzado iniciativas para alcanzar ese objetivo en múltiples ámbitos.

Además de reforzar la reacción de la política sanitaria, muchos países de la región tomaron medidas de contención, como cierres de fronteras y de escuelas, y otras de distanciamiento social. Esas medidas, sumadas a la desaceleración de la economía mundial y a la perturbación de las cadenas de suministro, la caída de los precios de las materias primas, la contracción del turismo y el marcado endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, están paralizando la actividad en muchos países latinoamericanos y opacando drásticamente sus perspectivas económicas.

La recuperación prevista hace unos meses para la región no ocurrirá, y no cabe duda que 2020 será un año de crecimiento negativo para la mayoría de países del continente americano. El temor a que haga colapsar los sistemas sanitarios alrededor del mundo, desde los más precarios hasta los más avanzados, ha llevado a algo inédito: que por primera vez, los gobiernos defiendan la salud pública, no solo por encima de la economía, sino a costa de ella. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas, advierte que se avecina una recesión global que hará que el PIB de la región decrezca, el desempleo aumente y millones de personas se sumen a los índices de pobreza. El aumento resultante de los costos de endeudamiento sacará a relucir vulnerabilidades financieras que se acumularon durante años, de tasas de interés a niveles bajos.

Aunque la fuerte caída de los precios del petróleo beneficiaría a los países que lo importan, empañará la inversión y la actividad económica de los que dependen mucho de su exportación. En caso de que se produzca un estallido local, la actividad del sector de los servicios probablemente será la que más sufra como consecuencia de las campañas de contención y distanciamiento social; el turismo y la hostelería, así como el transporte, serían sectores particularmente afectados.

El impacto económico de la pandemia variará debido a características regionales y propias de cada país. En América Central y México, la desaceleración de la actividad económica estadounidense recortará el comercio internacional, la inversión extranjera directa, los flujos turísticos y las remesas. Las principales exportaciones agrícolas (café, azúcar, plátano), así como las corrientes comerciales a través del canal de Panamá, también podrían verse negativamente afectadas por la caída de la demanda mundial.

Los estallidos locales presionarán la actividad económica en el próximo trimestre y agravarán condiciones empresariales de por sí inciertas, señaló Carissa Etienne, directora de la OPS, además de referirse a la desigualdad entre los sistemas sanitarios de América. Es por eso, que la directora sugirió que las medidas de distanciamiento que han tomado algunos gobiernos de la región duren entre dos y tres meses, ante la falta de medicamentos eficaces que contrarresten el virus. Y dijo que, aunque las decisiones son drásticas, como el distanciamiento social, “siguen siendo nuestra mejor opción para evitar las consecuencias más serias”.

Una crisis tan profunda que nos obligará a repensar la globalización y nuestro sistema económico. Esta enfermedad causada por un nuevo coronavirus surgido en China, ya ha infectado a más de 6 millones de personas a nivel global y hasta este día ha cobrado más de 300 mil vidas, dice el conteo de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos.

Para concluir, quisiera reiterar la importancia de atender la crisis sanitaria sin descuidar la economía, la prioridad es la salud por supuesto, pero al aplanar la curva COVID-19, lo que sacará adelante al país es una sociedad productiva, y que todos nosotros actuemos de manera responsable en casa y en el trabajo, eso es decisivo para limitar las secuelas económicas del coronavirus y evitar una crisis humanitaria.