Mario Ponce (PCN), sucesor de Norman Quijano (Arena, a la derecha) en la presidencia de la Asamblea Legislativa.
La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, informó hoy que la institución contralora está realizando un examen especial a la contratación de empleados institucionales de la Asamblea Legislativa en el periodo de Norman Quijano.
"Actualmente se está realizando el examen especial que solicitó el presidente Ponce junto con el señor diputado Norman Quijano, referente al periodo de gestión del doctor Norman Quijano, se está haciendo un examen especial a la contratación de empleados institucionales de la Asamblea", afirmó esta mañana en la radio 102Nueve.
Según Rivas, se establece cuál fue el proceso de selección de los empleados para ver si "se ha seguido el debido proceso" de acuerdo a la normativa interna y las leyes.
Sin embargo, la funcionaria reveló que no han verificado la información sobre las más recientes publicaciones, en referencia a familiares de diputados contratados por la Asamblea Legislativa. Uno de los casos, denunciados el martes en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), es la contratación de cuatro familiares dentro del cuarto grado de afinidad de Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, expresidente de la Asamblea y diputado de Gana.
>> Detalles de la denuncia contra Guillermo Gallegos en el Tribunal de Ética
"No así de lo que ha salido publicado no se ha hecho una verificación, estaba revisando, hay empleados que datan de más de 13 años, ya no podríamos hacer una verificación porque nuestra competencia solo está de cinco años hacia atrás", expresó la titular de la entidad fiscalizadora del Estado.
La Corte de Cuentas realizó un examen especial al proceso de licitación y contratación de bienes y servicios realizado por la Asamblea Legislativa entre el 1 de mayo de 2018 y el 15 de mayo de 2019, y no encontró irregularidades.
El examen especial, emitido el 29 de octubre de 2019, concluye que los procesos de licitación, adjudicación y contratación de bienes y servicios cumplieron con las disposiciones legales de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su reglamento, y que “las evaluaciones de las ofertas técnicas y económicas se realizaron cumpliendo las disposiciones legales y técnicas”.