Los magistrados María Martínez Barahona, Roberto Anzora y Carmen Rivas Landaverde presentaron el informe. Foto: @CortedeCuentas


Las unidades de auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR) reportaron hallazgos por $91,067,739.48 en fondos mal manejados dentro de instituciones gubernamentales en el último año.

La CCR presentó este miércoles el segundo informe de rendición de cuentas de su gestión, que abarca el período del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2019.

Las 11 unidades de auditoría de la Corte de Cuentas remitieron 387 informes con 2,248 hallazgos a las cámaras de Primera Instancia, encargadas de emitir condenas y ordenar la recuperación de fondos a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

En dichos informes, se detectaron $91,067,739.48 en montos patrimoniales cuestionados dentro de instituciones públicas y alcaldías, según la CCR. No obstante, se emitieron condenas y se ordenó la recuperación de $11,412,874.04 en juicios de cuenta de la primera instancia.

Las condenas patrimoniales representan la mayoría de estos fondos, con $10,032,186.51; mientras que las condenas administrativas sumaron $1,380,687.53, totalizando $11.4 millones en montos a recuperar por el Ministerio Público.

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Durante este mismo período las cámaras de primera instancia absolvieron $13,718,637.13 en juicios de cuenta donde no se logró probar el mal uso de dinero público.

Las cámaras de primera instancia son las encargadas de ejecutar los juicios de cuenta, después de recibir los informes de hallazgos. Sus fallos llegan después a revisión o apelación a la Cámara de Segunda instancia, compuesta por la presidencia y sus dos magistrados.

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Carmen Elena Rivas, presidenta de la CCR, informó que las sentencias emitidas por la cámara de Segunda Instancia se han "prácticamente duplicado" en el último año. En el período del 28 de agosto de 2018 al 28 de agosto de 2019, la instancia superior emitió 158 sentencias definitivas contra 43 instituciones de Gobierno y 115 alcaldías.

Estas sentencias suman un monto total de $15,651,368.61 en responsabilidad patrimonial, y de $419,534.45 en responsabilidad administrativa.