La Corte de Cuentas de la República (CCR) no ha emitido alguna condena a sus expresidentes, ya sea por sus funciones como titulares de esa institución fiscalizadora de fondos públicos o en sus cargos en otras instituciones públicas.

Diario El Mundo solicitó a la CCR copia de los finiquitos entregados a magistrados presidentes de la CCR de 1994 a la fecha, el 10 de abril de 2019.

La oficial de información de la CCR solicitó dicha información a la Coordinación General Administrativa y a la misma presidencia de la CCR.

La primera unidad respondió que no encontró “ningún registro” de constancias de los expresidentes Hernán Contreras ni Rutilio Aguilera.

La presidencia de la CCR entregó información con una aclaración: las certificaciones “no son finiquitos en puridad”, sino “constancias para fines electorales” que reflejan ausencia de condenas o procesos pendientes a la fecha.

Así, el 17 de diciembre de 2018, la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, emitió la más reciente certificación en favor de Rodrigo Antonio Barahona Escalante en donde declaró que, hasta esa fecha, él “no tiene sentencias condenatorias ejecutoriadas” como auditor de 2004 a 2013, ni como presidente de la CCR de noviembre de 2016 a julio de 2017, ni como jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (Uaci) de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia.

Sin embargo, la certificación señala que la Dirección de Auditoría 1 informó que la CCR “está auditada” hasta el 31 de diciembre de 2014 y que ello no toma en cuenta auditorías pendientes de ejecutar.

El 12 de mayo de 2017, el entonces primer magistrado de la CCR, Nolberto Osmín Cunza López, certificó que Rodrigo Barahona carece de “sentencias condenatorias ejecutoriadas” relacionadas a sus cargos de presidente de la CCR, jefe de la Uaci de la UTE de 1997 a 2003, y auditor de 2004 a 2013.

Marcos Gregorio Sánchez Trejo, expresidente de la CCR, recibió dos certificaciones firmadas por Rivas Landaverde.

La más reciente fue emitida el 29 de diciembre de 2018 y detalla que Sánchez Trejo no presenta sentencias condenatorias ejecutoriadas relacionadas a seis diferentes cargos.

Estos cargos en los cuales la CCR no ha encontrado alguna anomalía son: consejal del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de 1995 a 1999, magistrado suplente de la CSJ de 2000 a 2003, procurador general de 2003 a 2009, magistrado suplente de la CSJ de 2009 a 2011, presidente de la CCR de 2011 a 2013, embajador del Gobierno en Colombia de 2014 a 2015 y especialista jurídico en el Ministerio de Turismo de 2016 a 2017.

En esa constancia, la presidenta de la CCR aclaró que se da “sin perjuicio de lo que resultare de las auditorías pendientes de ejecutar”, que “se encuentra pendiente” el informe de auditoría a la gestión de Sánchez Trejo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 y que la Embajada en Colombia está auditada hasta el 7 de abril de 2014.

El 9 de octubre de 2017, Rivas Landaverde ya había firmado otra constancia a favor de Sánchez Trejo en su desempeño como procurador.

El 23 de enero de 2016, el entonces presidente de la CCR Jovel Valiente firmó una certificación a favor de Sánchez Trejo de ausencia de condenas en sus cargos de procurador de 2003 a 2009, magistrado suplente de la CSJ de 2009 a 2011, presidente de la CCR de 2011 a 2013 y embajador de 2013 a 2015. Valiente detalló que Sánchez Trejo había sido absuelto en tres juicios como procurador general.

 

Valiente y Tóchez

En acefalía de la CCR, una “Comisión de funcionarios de la Corte de Cuentas” creada por la Asamblea Legislativa entregó a su expresidente Jovel Valiente una certificación de ausencia de sentencias condenatorias ejecutoriadas. Valiente fue segundo magistrado de 2013 a julio de 2014 y presidente de la CCR de agosto de 2014 a julio de 2016. La certificación fue extendida el 27 de septiembre de 2016.

En agosto de 2016, la Asociación de Empleados de la CCR pidió auditar la gestión de Valiente en la CCR. El 8 de diciembre de 2018, Diario El Mundo publicó que Valiente aprobó el pago de $11,700 de viáticos a una empleada para ir a México pero que solo debió entregársele $3,400.

En su calidad de presidente de la CCR, Valiente certificó el 13 de julio de 2016 que el expresidente de ese ente contralor, Rosalío Tóchez Zavaleta “no tiene sentencias condenatorias ejecutoriadas” y que “se encuentra solvente” y con finiquitos de tres juicios de cuentas de cuando fue refrendador y ordenador de pagos de esa institución. El 2 de octubre de 2017, emitió otra constancia de ausencia de condenas y solvencia a Tóchez Zavaleta, tanto en sus cargos de presidente de la CCR como en los anteriores cargos públicos.

 

Los finiquitos y sentencias ejecutorias

Finiquito

El artículo 52 de la Ley de la Corte de Cuentas señala que “para optar a cargos públicos o de elección popular se exigirá finiquito de la Corte de conformidad a la Constitución y las leyes”. Sin embargo, la presidencia de la Corte de Cuentas señala que estos no son finiquitos puros.

 

Ejecutorias

Según el artículo 93, la Corte de Cuentas debe librar “ejecutorias” en juicios de cuentas y extender finiquitos. Las condenatorias pasan a la Fiscalía General de la República. Si es absolutoria, se archiva y el presidente extiende el finiquito.