La Corte Plena aprobó el plan de retorno a labores para sus empleados que podría aplicarse a partir del próximo lunes 15 de junio, sin embargo, todo depende si el presidente de la República, Nayib Bukele, sancione o vete la Ley Especial de emergencia por la pandemia del COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía, que fue aprobada esta madrugada en la Asamblea Legislativa.

El plan de retorno de la Corte comprende un protocolo que crea el Comité Técnico Institucional que está conformado por las gerencias de administración y finanzas y asuntos jurídicos, las direcciones de planificación institucional, talento humano, comunicaciones y desarrollo tecnológico e información; además por el jefe de la Unidad de seguridad y salud ocupacional y las clínicas médicas.

Este comité deberá establecer los lineamientos para que el personal regrese de forma gradual; sin embargo, la dirección de comunicaciones dijo que regresaría menos del 50 % del personal de forma presencial, y la decisión de quienes regresan queda a discreción de cada jefatura.

El resto del personal seguirá laborando de forma semi presencial y el resto desde su casa.

La corte estableció que tomarán la temperatura al ingreso y es obligatorio el uso de mascarilla y el distanciamiento social.

Se deberá mantener la desinfección de manos, ya sea con alcohol gel o lavado de manos y dice que de ser posible se hará desinfección del calzado.

El protocolo de la Corte aplica para las salas, cámaras de segunda instancia, juzgados de primera instancia y juzgados de paz; de igual forma todas las unidades organizativas en todo el país “será de estricta aplicación desde el momento de retorno a labores hasta que Corte Plena, con base en lo dictaminado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, cese su cumplimiento”, dice el documento.

Los únicos excluidos es el Instituto de Medicina Legal, dado que tendrán su propio plan.

El plan de retorno ha clasificado los puestos de trabajo por nivel de riesgo, así los lugares con riesgo alto son aquellos que tengan exposición con fuentes sospechosas de COVID-19, como los jueces de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, los colaboradores que los acompañen a las visitas de penales, jueces ejecutores de habeas corpus, médicos, enfermeras, laboratoristas clínicos, recepcionistas de clínicas médicas, motoristas que trasladen personas con gripe y agentes de protección judicial que trasladen reos, además de delegados judiciales.

A ellos, la corte les proporcionará traje de protección, guantes, mascarilla N95 y máscara facial.

De nivel medio serán autoridades jurisdiccionales, secretarios de actuaciones, secretarias de oficinas, mensajeros, ordenanzas y agentes de protección judicial de seguridad de instalaciones. También se les proveerá de equipo de protección.

Mientras que el nivel de riesgo bajo son jefes de unidades organizativas, jurídicas y administrativas, analistas, colaboradores técnicos, colaboradores jurídicos a quienes se les proveerá mascarillas 95 o en su defecto, quirúrgica.