El gobierno de Costa Rica ha aceptado la solicitud de extradición de Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes, según ha confirmado el fiscal general Raúl Melara.

Guzmán Berdugo es reclamado por el Juzgado 7.° de Instrucción de San Salvador por el delito de lavado de dinero y activos, ya que en el expediente conocido como “Saqueo Público”, judicializado el 8 de junio de 2018, el Ministerio Público lo acusa de haber gastado $7,985.80 en cuatro viajes hacia Costa Rica y Miami, en Estados Unidos.

La Fiscalía señala que ese dinero salió de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial y por ser parte del círculo cercano al expresidente Funes, tuvo esos privilegios.

El imputado fue capturado el 1 de abril de 2019 y desde esa fecha el trámite de su extradición está a la espera. El fiscal Raúl Melara expresó que el proceso no es tan expedito como se quisiera ya que ha hecho uso de los recursos permitidos por las normativas costarricenses.

“Él está alegando lo que él cree que es conveniente, haciendo uso de sus derechos que la ley le franquea, pero lo importante es que la solicitud de extradición ha sido aceptada por el gobierno de Costa Rica, de que él guarda prisión preventiva ya con fines de extradición para el país”, sostuvo Melara.

El caso

El expresidente Mauricio Funes, según la acusación fiscal, creó una red sofisticada para pecular más de $351 millones durante su administración, y cuya investigación de año y medio, denominada “Saqueo Público”, permitió individualizar a 32 personas en total.

La estrategia criminal que el Ministerio Público ha expuesto en el expediente de 683 piezas establece que entre los años 2009 al 2014 se utilizaron los gastos reservados de la Presidencia, incrementándolos para después sustraerlos de forma ilícita.

Al mandato presidencial de Funes, la Asamblea Legislativa le asignaba $80 millones 818 mil 285, pero mientras duró la gestión se estuvo pidiendo refuerzos presupuestarios a través de notas al Ministerio de Hacienda.

Bajo ese rubro se trasladaron inicialmente $54 millones, pero como el 25 de agosto de 2010 la Sala de lo Constitucional, en una sentencia, declaró ilegal ese mecanismo de traslado de fondos públicos, Funes supuestamente creó su propio mecanismo disfrazado en gastos imprevistos y otras instituciones estatales.