La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobó ayer la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (Sinapi), una de las deudas del Estado y la Asamblea Legislativa para velar por esta población en condición de vulnerabilidad, y por la que está en desacato ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde enero de 2019.

El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la CSJ, dio a los diputados seis meses para reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado y legislar a para protegerlos; sin embargo, a casi un año del fallo, aún no hay dictamen de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.

En la jornada de se aprobaron ocho artículos relativos al Sistema Nacional de Atención, encargado de emitir y supervisar las políticas públicas para el desplazamiento forzado, que será encabezada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

El FMLN pidió incluir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pero quedó fuera del sistema para supervisar la actividad de la comisión. El presidente de la comisión, Mario Tenorio, dijo que prevén aprobar la normativa antes de fin de año.