Entre septiembre y octubre, tres préstamos llegarán a la fecha límite para ratificarse en la Asamblea Legislativa, de un total de ocho contratos de deuda que aún esperan el aval final del Congreso.

Según un informe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto (UASP), de la Asamblea, los tres préstamos suman $286.9 millones, el 73 % del monto al que ascienden los ocho créditos pendientes de ratificar, y que suman $394.5 millones.

El que está más pronto a vencerse es el Programa Especial de Seguridad Ciudadana de El Salvador, $100 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La fecha límite para ratificarlo es el 29 de septiembre.

El préstamo para seguridad del BCIE es el segundo más alto de los ocho créditos sin ratificar. El otro es de $170 millones y vence el 7 de octubre. Es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se trata del Programa de Salud Integral II, que ampliará la red de atención ambulatoria y hospitalaria, y mejorará la gestión y eficiencia de los servicios de salud.

El 27 de octubre vencerá el préstamo de $16.9 millones para rehabilitar la Planta Potabilizadora Las Pavas, ubicada en San Pablo Tacachico, La Libertad. También financiado por el BCIE. Para iniciar los desembolsos, primero el Ejecutivo debe lograr que la Asamblea apruebe estos préstamos con mayoría calificada, es decir, 56 votos.

A juzgar por lo ocurrido este año con más de $100 millones en préstamos que se perdieron ante la negativa del principal partido opositor, ARENA, de dar sus votos para cualquier tipo de deuda, estos tres créditos podrían correr la misma suerte, a menos que se negocien prórrogas con las entidades que los financiarán.

El informe de la UASP indica que de los ocho préstamos que esperan su ratificación, la mitad, es decir, $255 millones, serán financiados por el BID.

Dentro de los cinco que no tienen fecha de vencimiento establecida y que serían otorgados por dicho banco multilateral, se encuentran $35 millones para ejecutar el Programa de Apoyo a las Comunidades Solidarias Urbanas. El proyecto tiene cuatro componentes, en los que destacan el fortalecimiento a los servicios de nutrición y salud, atención integral para la primera infancia y prevención de la violencia.

El BID también financiaría un crédito por $30 millones para el Programa de Innovación para la Competitividad, para impulsar la transferencia tecnológica en diferentes sectores productivos, formación de capital humano y apoyo a la innovación empresarial. Además, uno de $20 millones para el proyecto de Apoyo Integral a la Efectividad de las Políticas de Trabajo y Previsión Social.

Otro préstamo de $16.5 millones será para la ampliación de la oferta educativa de educación media para mejorar la productividad en 12 municipios. Finalmente, está el financiamiento para el Programa de Prevención y de rehabilitación de Jóvenes en riesgo y de Conflicto con la ley, por un valor de $6.1 millones.



 

El MOP perdió $145 millones en créditos durante este año

 

De enero a julio 2017, el Gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), perdió la oportunidad de percibir $145 millones, procedentes de dos créditos internacionales para ejecutar infraestructura logística.

Estas solicitudes de financiamiento no contaron con al menos 56 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa, es decir, mayoría calificada, para su oficial ratificación.

El primero de ellos se venció el 7 de abril pasado. Se trata del Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional, por un valor de $30 millones, que sería otorgado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El más reciente, por $115 millones, para construir el Corredor Pacífico Mesoamericano, con fondos del BID. La prórroga para dar luz verde a esta iniciativa de inversión pública caducó el 13 de julio pasado sin que se lograra la ratificación.

8
Préstamos
En la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto hay un total de ocho créditos en proceso de ratificación.

$394
millones
El valor total de los préstamos solicitados por el Ejecutivo suman $394.5 millones, según datos de la UASP.