Esta ola de homicidios también demuestra que falta mucho por hacer en materia de seguridad de parte del Gobierno. Las cárceles siguen siendo los cuarteles generales de las pandillas y el control territorial en barrios y comunidades sigue en manos de la delincuencia organizada. Esa es una realidad.
Esto también obliga a aumentar la capacidad de investigación y de reacción de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Cada homicidio debería ser investigado y los autores castigados. Este ciclo eterno de impunidad es lo que permite que estas bandas sigan operando.
Y aunque hay duras críticas nacionales e internacionales por las condiciones en que se ha puesto a los pandilleros en las cárceles, porque se viola estándares internacionales de derechos humanos, la verdad es que con estas bandas pareciera que el poder coercitivo del Estado nunca es suficiente en El Salvador. Lo cierto es que es obligación legal y moral del Estado proteger a la ciudadanía y controlar a estas bandas criminales efectivamente.