En Honduras, todo esto determinó la justificación y profundización de esa conspiración. El pretexto fue que Zelaya quería hacer una consulta electoral para reformar la constitución a fin de permitirle la reelección.

En Paraguay, el Golpe de Estado, que algunos sostienen que no fue tal, concurrió un proceso que culminó entre junio y julio del 2012, también llamado “crisisparlamentaria”, se desamarró a raíz del juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo, por la Cámara de Diputados. Este órgano acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes, sobre un total de 125, decidió destituirlo. También estaba el subterfugio de la afinidad mostrada por Lugo con Chávez.

La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos enviaron comitivas al Paraguay para recabar datos. A diferencia de (considerado como parte de un neogolpismo incipiente), el Consejo Permanente de la OEA, en su sesión del 22 de agosto de 2012, no pudo obtener un acuerdo, rechazado por 26.

Juan Gabriel Tokatlian (Sociólogo argentino, 1978. Universidad Torcuato Di Tella..’) explica lo del “neogolpismo”: “El fin de la Guerra Fría, la ola democratizadora de los años noventa, parecieron presagiar el ocaso del golpismo en la periferia. Sin embargo, el espectro golpista sigue intacto. Con el tiempo, se ha ido gestando un neogolpismo: a diferencia del golpe de Estado tradicional, con el uso de gran dosis de uso de la fuerza, el “nuevo golpismo” está encabezado más abiertamente por civiles y cuenta con el apoyo tácito (pasivo) o la complicidad explícita (muy activa) de las Fuerzas Armadas, pretende violar la constitución del Estado con una violencia menos ostensible, intenta preservar una semblanza institucional mínima (por ejemplo, con el Congreso en funcionamiento y/o la Corte Suprema temporalmente intacta), no siempre involucra a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y aspira más a resolver un impasse social o político potencialmente ruinoso que a fundar un orden novedoso.”

Aquí en El Salvador, algunos políticos o “académicos” han hablado, desde hace años, en diferentes momentos, de que está en marcha un “golpe de estado técnico” o “golpe de estado”. Otros, incluyendo representantes de la jerarquía católica y grupos de poder, incluyendo militares “retirados”, sostienen que lo que tenemos es un “estado Fallido”. Incluso que lo que es fallido es todo el Estado, menos sus fuerzas armadas.

En mayo del 2015, con Sánchez Cerén como Jefe de Estado, sostuve en un documento, lo siguiente: “Entonces, lo que podría estar en marcha, dada la profunda crisis institucional, que no se debe ignorar, es un proceso de una nueva forma de “neogolpismo”, tal como lo describe Tokatlian: un golpe de nuevo tipo disfrazado de legalidad para salvar la institucionalidad, “reconstruir el tejido social” y, en primer lugar, “defender la Constitución…”.

Ahora la oposición acusa al Presidente Bukele de intentarloporque el Batallón Presidencial acompañó su ingreso a la sala de reuniones de la Asamblea Legislativa y por ello proponen destituir al Ministro de Defensa.

Pero el despliegue de unidades militares el jueves 18 de julio 2013, en la Asamblea Lesgislativa (AL), acompañando al entonces Ministro Payes, fue algo sumamente autoritario. Esto profundizo aquella disputa institucional. Este hecho, aunque fuera ya algo consentido por parte de Mauricio Funes, tal vez incluso también por parte del entonces presidente del Parlamento, quien salió a recibir al general a su entrada, se interpretó como una advertencia a las reglas de juego.

Un golpe de Estado, cualquiera que sea la modalidad (algunos hablan de “golpe suave” , supone siempreuna gran conspiración (o varias),que se dan desde dentro y fuera del aparato estatal, con acompañamiento de una partedenominada “sociedad civil”: grandes empresarios,y “académicos…”

Una institución armada, militares, policías, sin control civil electo democráticamente, se convierte en una amenaza para un régimen constitucional. Y, una crisis institucional, no se resuelve por medio del uso de la fuerza, como lo puede certificar nuestra propia historia nacional. Quitemos las conspiraciones golpistas, reclamemos el consenso que es nuestro gran déficit desde siempre y en particular, desde la firma del pacto de Chapultepec en 1992.Entonces quedo bien definido su rol constitucional. Ello suponía que también el Estado en su conjunto cumpliera su credencial, pero eso después de casi 30 años, no se ha hecho.