El empresario “Mecafé” es el único que guarda prisión por este caso. / DEM


Una criteriada rindió ayer su declaración en el caso “Saqueo Público”, donde es procesado el expresidente Mauricio Funes y otros 31 imputados entre los que también figura, Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”.

La diligencia consistente en un anticipo de prueba duró aproximadamente hora y media, en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, con presencia de fiscales y defensores convocados.

La testigo fue criteriada por la Fiscalía General de la República, durante la gestión de Douglas Meléndez, cuando encontraron una documentación en la que ella, supuestamente, aparecía dando fe sobre la elaboración de un contrato entre el expresidente Funes y “Mecafé”.

De la declaración rendida no obtuvo detalles, debidoal régimen de protección que tiene la testigo como criteriada; ademá, el proceso tiene reserva parcial que el juez de la causa le impuso.

 

Antecedentes

El 23 de agosto de 2016, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, confirmó que a Funes se le había abierto un expediente por lavado de dinero, pero fue hasta el 8 de junio de 2018 cuando fue acusado por ese delito en el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

A finales de julio y principios de agosto de 2016, cuando fiscales allanaron la casa donde residía Menéndez Avelar, hallaron un contrato donde consta que el empresario recibió un préstamo por $700,000, del expresidente Funes.

En la caja fuerte de “Mecafé” fue encontrada una escritura original que a los fiscales les llamó la atención, porque era el expresidente quien suspuestamente otorgó el préstamo al empresario “Mecafé”.

Ese contrato supuestamente fue elaborado por la criteriada que ayer rindió su declaración en el anticipo de prueba, diligencia que la Fiscalía pidió para tener asegurado su testimonio.

En el caso “Saqueo Público” el Ministerio Público señala que el expresidente Mauricio Funes creó una red sofisticada para adueñarse más de $351 millones de la Presidencia, durante su administración; la indagación de año y medio llevó a la Fiscalía a individualizar a 32 personas en total.