Gilles Carbonnier, vicepresidente del CICR, se reunió con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. /Foto: Cruz Roja.


El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) urgió a El Salvador a implementar la ley para víctimas de desplazamiento forzado, aprobada hace más de un año, que no ha logrado ser aplicada por la falta de reglamentos y un registro de desplazados internos en el país.

El vicepresidente del comité, Gilles Carbonnier y la directora de operaciones para las Américas, Sophie Orr, se reunieron con el vicepresidente de la República Félix Ulloa, durante su visita a El Salvador entre el 10 y el 13 de abril pasados.

Durante la reunión, Carbonnier reconoció los avances del país para reconocer el desplazamiento forzado interno, y aprobar el 23 de enero de 2020 la ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno.

Sin embargo, aseguró que "hace falta un esfuerzo significativo y comprometido" para implementar esta ley y beneficiar a miles de víctimas de violencia.
Esperamos que esta ley tenga un impacto muy positivo en la vida de miles de víctimas de la violencia y contribuya a que estas personas desplazadas puedan recibir la atención que requieren. Sin embargo, hace falta un esfuerzo significativo y comprometido para la implementación de la ley". Gilles Carbonnier, vicepresidente del CICR.

Carbonnier ofreció al Gobierno de El Salvador apoyo técnico para poner en marcha esta ley, después de sostener entrevistas con familiares de personas desaparecidas y personas desplazadas.


¿Por qué no se ha implementado la ley?


La Asamblea Legislativa discutió por más de un año la formulación de la ley especial para víctimas de desplazamiento forzado, después que la Sala de lo Constitucional le ordenó a los diputados legislar en esa materia, por un amparo a un grupo de desplazados por la violencia.

Más de un año ha pasado desde que la Asamblea finalmente logró un acuerdo para aprobar dicha ley. Sin embargo, no se ha logrado implementarla por la falta de un reglamento, que se supone estaría listo en un plazo de 90 días (tres meses) tras la entrada en vigencia de la ley.

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Es decir, el reglamento debería haber sido publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a más tardar el pasado 23 de abril de 2020.

Además, tampoco existe un Registro Único de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno que, según la ley, estaría a cargo de la Dirección Nacional de Víctimas y Migración
Forzada.

Solo durante la cuarentena obligatoria, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil registraron a más de 108 familias víctimas de desplazamiento forzado, que no han recibido los beneficios de esta ley.

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