Una vez más es noticia que un ente estatal contrata un jugoso seguro médico y de vida para sus puestos más altos, en este caso se trata de la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional ordenó revisar dicho gasto en una sentencia emitida el 27 de julio de 2017 que pedía cumplir el principio de “equilibrio presupuestario”. Vaya ironía.

Un magistrado, un diputado o un ministro ganan lo suficiente para poderse pagar por ellos mismos un seguro médico o un seguro de vida. ¿Es necesario cargarle al Estado eso? No lo creo. Los seguros de vida pueden ser indispensables para policías, fiscales, custodios de penales o soldados que están en la primera línea de defensa de la ciudadanía en materia de seguridad pública, pero el Estado salvadoreño no está para estar pagando este tipo de beneficios altos ejecutivos, como se hace en las empresas privadas.

No entiendo la insistencia en seguir con esta práctica sabiendo lo cuestionable que es pero se ve que la falta de una política clara de austeridad es una de las causas evidentes de esta costumbre por demás nada barata para el erario público.

Esos fondos podrían usarse -en el caso del Órgano Judicial- a mejorar juzgados departamentales o a acelerar esa carga terrible de mora judicial que se tiene. Pero no, a los magistrados les parecieron mejor los seguros.

Mientras tanto, en Seguridad Pública, policías y soldados, custodios y fiscales, siguen arriesgando el pellejo en las calles,muchas veces a costa de sus propias vidas. Es cuestión de prioridades. Como sociedad entenderíamos que se mejoraran los seguros médicos para ellos y ni se diga los seguros de vida, pero en este caso, la Corte Suprema de Justicia nos ha fallado. Ojalá que aún haya tiempo de corregir esto.