Según el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la universidad (Idhuca), Manuel Escalante, analizaron unos 50,000 registros de información, de los cuales, unos 8,000 fueron piezas periodísticas.
El derecho de la libertad se vulneró cuando la fuerzas de seguridad del país, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada empezaron a detener personas por salir de casa, en la cuarentena domiciliar obligatoria; seguido de eso, se vulneró el derecho a la integridad, al llevarlos a centros de contención que no estaban adecuados para recibir personas.
El informe revelado ayer indica que se capturaron más de 2,000 personas por vulnerar la cuarentena, pero unas 16,756 fueron enviadas a centros de contención, hasta el informe del mismo gobierno el 24 de agosto.
“Falta de alimentación, de distanciamiento social e incluso de camas, falta de insumos, comida en mal estado, plazos de cuarentena vencidos, incumplimiento de resoluciones de la Sala de lo Constitucional, presunta violación a los protocolos para el traslado de supuestos contagiados, denegación de informes sobre pruebas de covid-19 y hasta intimidación por parte de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC”, dice el informe respecto a los derechos violentados.
“Los centros de contención afectaron al menos a 16,758 personas, en poco tiempo fueron muchas personas y muchos derechos vulnerados”. Manuel Escalante, subdiretor Idhuca
Confrontación.
El Observatorio Universitario también recomendó que cese la confrontación y los ataques verbales entre los órganos Ejecutivos y Legislativos, que con su falta de diálogo y concenso provocaron la vulneración al derecho a la seguridad jurídica.
“La situación de constante tensión entre los diferentes Órganos de Estado que han generado un impacto negativo en la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho... fue su dispersión normativa. Frente a la incapacidad de los órganos fundamentales, en particular el Legislativo y el Ejecutivo, de acordar y emitir una normativa que centralizara la estrategia del Estado frente al covid-19”, dice el informe.
El informe también señala que la libertad de prensa y el acceso a la información pública se vio amenazado durante la pandemia.
El informe enumera: “restricciones a formular preguntas en conferencias de prensa relacionadas al manejo de la pandemia, destrucción de material periodístico, acoso a periodistas independientes y desacreditación de medios de comunicación”.
“Los ataques verbales crean cultura autoritaria rompen las posibilidades de dialogo, la reconstrucción de país debe ser comunitario”. José María Tojeira, director Idhuca
La crisis profundizó los derechos que ya eran vulnerables
El informe engloba cuatro grandes derechos que se vulneraron, de parte del mismo Estado, durante la crisis del covid-19.
- Libertad
Este derecho se vulneró en primer instancia al limitar la circulación de las personas por salir de su casa; el informe dice que aunque la medida de la cuarentena fue viable por la enfermedad, la forma en la que se hizo no fue la correcta.
- Seguridad jurídica
La imposibilidad de los órganos Ejecutivo y Legislativos de ponerse de acuerdo para hacer una norma sobre la crisis del covid-19 vulneró la seguridad jurídica. Tojeira dice que los ataques verbales pueden evolucionar a violencia física.
- Integridad
El derecho a la integridad se vulneró al interior de los Centros de Contención, donde más de 16,000 salvadoreños estuvieron en cuarentena, unos durante más de 50 días, a la espera de respuesta de prueba covid-19.
- Libertad de prensa
Los ataques a la prensa que previo a la pandemia ya existían, se agudizaron más por parte del gobierno para evitar preguntas, además se sumó la desacreditación a medios de comunicación.