La LRF crea un periodo de consolidación, que va de 2017 a 2021, durante el cual debe aplicarse un ajuste fiscal que represente el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Así como se redactó la ley, indicó Castaneda, el déficit fiscal para 2021 debe ser 0.7 % del PIB, pero de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda, continuó, este año cerraría en 3.2 %. “Es decir que entre 2020 y 2021 deben hacer un ajuste de 2.5 % y para un país como El Salvador es demasiado brusco”, indicó. Y no está claro “si solo será por temas de ingresos, gastos o combinación”, añadió, refiriéndose a que la normativa no detalla qué medidas deben aplicarse para lograr el ajuste exigido.
Además, está el desafío de la carga tributaria que es la recaudación de impuestos como porcentaje del PIB. Para 2021, la LRF exige que esta variable represente el 18.5 % del PIB. Castaneda advirtió que Hacienda asegura que en 2018 se cumplió esta meta, pero cuando se usan los datos del PIB del BCR, resulta que este indicador fue 18.3 %, no 18.6 %. “Es decir, ni el año pasado se cumplió con esa medida y eso que hubo una amnistía que permitió aumentar la recaudación”, indicó.