La recién pasada legislatura quedó debiéndole a la sociedad salvadoreña tres importantes normativas: una sobre el agua, otra para proteger periodistas y la que ‒desde hace casi cinco años‒ debió aprobarse para cumplir lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 13 de julio del 2016, contra la amnistía impuesta 23 años atrás. Cuando las víctimas de las atrocidades ocurridas en el país antes de la guerra y durante la misma demandaron verdad, justicia y reparación integral a lo largo de ese período, esta fue la excusa utilizada para negarles la reivindicación de sus legítimos derechos.

Opinión

¿Cumplirán ahora? Bukele, como titular del Ejecutivo, debe permitir que inspeccionen los archivos militares de la época…

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @BenjamnCullar2

viernes 30, abril 2021 • 12:00 am

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La recién pasada legislatura quedó debiéndole a la sociedad salvadoreña tres importantes normativas: una sobre el agua, otra para proteger periodistas y la que ‒desde hace casi cinco años‒ debió aprobarse para cumplir lo establecido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 13 de julio del 2016, contra la amnistía impuesta 23 años atrás. Cuando las víctimas de las atrocidades ocurridas en el país antes de la guerra y durante la misma demandaron verdad, justicia y reparación integral a lo largo de ese período, esta fue la excusa utilizada para negarles la reivindicación de sus legítimos derechos.

Tanto la Asamblea Legislativa anterior como la que acaba de “ahuecar el ala” no fueron capaces de responderle a estas, despreciadas por un sistema judicial parcializado en favor de sus victimarios. Hay hechos que merecen reconocerse, como la mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional que laboró del 2009 al 2018; también el desempeño de la actual, en lo relativo al seguimiento del cumplimiento de dicho fallo, y la consulta a las víctimas impulsada por el procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar.

Durante la última audiencia para revisar precisamente dicho acatamiento, el magistrado Carlos Sánchez le restregó al delegado del Ministerio de la Defensa Nacional su ignorancia. A futuro deben asistir “completamente informados”, expresó. “Representan a la autoridad que está convocada. De tal manera que si hay falta de conocimiento sobre eso, es falta de diligencia […] Y si no, entonces que venga la autoridad que está convocada para que pueda expresar concretamente lo que se solicita”, le reclamó. Como antes, las comitivas del Legislativo y del Ejecutivo salieron “con la cola entre las patas”.

Pero todo cambiará. Al menos eso quieren que creamos. En el 2017 y en el 2018 comparecieron representantes de los llamados “mismos de siempre”. En el 2019 las cosas comenzaron a cambiar pero de forma al llegar Nayib Bukele a la Presidencia de la República pues, como se apuntó, sus emisarios “no dieron el ancho”. Ahora tendrá el control de ambos órganos gubernamentales. Para que no hacer el ridículo por partida doble en futuras audiencias, recordemos lo que deben ejecutar.

Como lo ordenó la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa tiene que “garantizar” ‒en un “plazo razonable”‒ “el acceso a la información pública sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones” al derecho internacional humanitario, “ocurridos durante el conflicto armado y atribuidos a ambas partes”; “responder, en el menor tiempo posible, a las exigencias de las víctimas y sus familiares y de la sociedad salvadoreña” sobre “las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad y la sanción” de los responsables de esa barbarie; y “considerar las medidas de reparación integral a las víctimas” para “garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación, así como las medidas de no repetición” de lo ocurrido.

Bukele, como titular del Ejecutivo, debe permitir que inspeccionen los archivos militares de la época relacionados con los operativos en los cuales diversas unidades de la Fuerza Armada violaron derechos humanos; pero también tiene que ubicar y dejar que las autoridades judiciales revisen archivos de los cuerpos represivos militarizados de entonces ‒la “Guardia”, la “PH” y la Policía Nacional‒ pues su participación y responsabilidad en lo ocurrido es innegable. Además, debería utilizar su iniciativa de ley para promover “medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado como también del reconocimiento de la verdad histórica”. Entre eso, no le vendría mal a nuestra sociedad ‒como garantía de no repetición‒ que diseñara y ejecutara “un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado”; para ello, año tras año, habría que incorporar una partida específica al Presupuesto General del Estado.


Si no proceden en consonancia con la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993, tendremos otra poderosa razón para considerar a las autoridades de ambos entes gubernamentales no solo como “más de lo mismo”, que ya lo merecen; también para señalarlas como dignos seguidores del “gatopardismo” delineado por Lampedusa; es decir, cambiar todo para que todo siga igual.