La calidad de desaparecidos que tienen muchos soldados, policías y custodios de centros penales impide que sus familias puedan ser beneficiadas con prestaciones de salud o pensiones luego de sus posibles muertes.

Actualmente, el Código Civil da por fallecidas a las personas luego de cuatro años después de su desaparición. La Asamblea Legislativa podría aprobar que este plazo se reduzca a seis meses para soldados, policías y custodios.

La reducción del plazo será discutida desde el próximo lunes en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa a propuesta del diputado y general retirado Mauricio Vargas.

Desde 2009 hay al menos 43 soldados desaparecidos y sus cuerpos no han sido encontrados por los familiares y las autoridades –dice Vargas–, algo que ha generado que muchos familiares de los soldados no puedan tramitar pensiones o consultas médicas en el Hospital Militar.

Según el diputado, al reducir el plazo para la presunción de muerte, los familiares recibirán beneficios o prestaciones sociales que establece la Ley del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).

El proyecto de ley presentado por Vargas establece candados para evitar que cualquier soldado aproveche la normativa para sacar provecho personal o familiar.

 

Bajo condiciones

Según la propuesta de ley, la presunción de muerte por desaparecimiento solo se declararía cuando su privación de libertad haya ocurrido cuando el efectivo militar se traslaba de su residencia al lugar en que presta sus servicios o viceversa; o cuando esté en cursos de educación o adiestramiento militar.

También, la presunción de muerte se declarará cuando el agente desaparezca cumpliendo una orden legal de sus superiores, fuera de su lugar de trabajo o cuando la privación de libertad ocurra cuando el efectivo va a bordo de vehículos, embarcaciones o aeronaves militares.

 

Tiene apoyo

El proyecto de ley solo está dirigido para los soldados, por lo tanto, el jefe de fracción PCN y coronel retirado Antonio Almendáriz, propone que sean incorporados policías y custodios de los centros penales.

Almendáriz cree que la ley transitoria ayudará a que los familiares de los soldados, policías y custodios reciban los beneficios sociales.

El diputado Guillermo Gallegos, de Gana, respaldó la idea de que la Comisión de Legislación inicie el estudio de este proyecto de ley.