Los políticos quieren tener un nuevo acercamiento con víctimas de delitos de guerra. / DEM
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunirá hoy para definir el calendario de la nueva ronda de visitas que harán los diputados a las víctimas del conflicto armado salvadoreño.
A mediados del año pasado, los diputados hicieron cinco visitas de campo a los departamentos de Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel y Santa Ana para conversar con las víctimas del conflicto armado.
El integrante de la Comisión Política y subjefe de fracción de Arena, Julio Fabián explicó que estas visitas servirán para recolectar propuestas que serían incluidas en el proyecto de ley de reconciliación que prepara la Asamblea Legislativa.
El dilema más fuerte en la elaboración de la normativa gira en torno si a permitir que las condenas de prisión por algunos delitos de guerra sean sustituidas por trabajo de utilidad pública, o no.
La Comisión Política tiene dos anteproyectos: uno presentado por las organizaciones de derechos humanos, en nombre de las víctimas y, el otro, elaborado por los partidos Arena, PCN y PDC.
El borrador de los partidos es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, argumentan que no siguió el debido proceso, ya que ningún diputado le dio iniciativa de ley para que ingresara como expediente de nuevo ingreso.
El diputado no partidario Leonardo Bonilla confirmó que la Comisión Política fue convocada ayer pero la reunión fue suspendida. Al parecer, no todos los diputados llegarían a la reunión porque tenían reunión con sus fracciones. Bonilla dijo que desconoce los avances en la redacción del proyecto de ley de reconciliación. “He pedido avances y no dan nada”, reveló.
Para aprobar la nueva ley de reconciliación, la Asamblea Legislativa tiene como plazo límite el 28 de febrero de este año, según el mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Condiciones de una nueva ley
La sentencia
EN 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la amnistía general y absoluta de 1993, exigiendo elaborar una legislación que garantice la verdad, justicia y reparación.
El plazo
La Sala de lo Constitucional ha otorgado un plazo que vence el 28 de febrero de 2020 para crear una nueva Ley de Reconciliación Nacional que cumpla la sentencia judicial de 2016.