“Con su sangre escribió libertad…”, dice una de las estrofas del Himno Nacional, y en el caso del derecho a la libertad de expresión no puede seguir siendo más cierto. Pero esta libertad implica un alto nivel de responsabilidad individual y colectiva. La primera en cuanto a lo que se dice y el fundamento de los juicios que se comparten con la audiencia y en lo segundo, por el respeto que las opiniones ajenas merecen y la obligación de defender los espacios conquistados para expresarlo.
Todo lo anterior, a cuenta del pobre debate mostrado en las últimas semanas por supuestos expertos, analistas o tertulianos que suelen verse con frecuencia en todos los espacios de opinión y que precisamente no pierden oportunidad de expresar, la suya, sobre cualquier tema que puede no ser de su experiencia y comprensión, haciendo el ridículo de lo que debería ser una interesante conversación que oriente e ilumine.
Es por esto que la responsabilidad individual en el ejercicio de la libertad de expresión, requiere de honestidad intelectual y de la más exquisita prudencia al momento de hacer valoraciones sobre el tema que se trata.
Traigo a cuenta al menos dos ejemplos: la discusión sobre el contenido de una eventual “Ley de Reconciliación” en la que se encuentra enfrascada la Asamblea Legislativa y las sucesivas entrevistas sobre la más reciente elección del Procurador de los Derechos Humanos.
Ambos temas han involucrado a legisladores, abogados y activistas de derechos humanos, así como a dirigentes de partidos políticos y a más de algún supuesto “experto en políticas públicas”.
En el caso de la proyectada y exigida “Ley de Reconciliación”, esta involucra necesariamente la implementación de mecanismos de justicia restaurativa. La plática y posterior valoración sobre los alcances que este proyecto tendría, la evaluación de las responsabilidades que se originan de esta y el contenido básico de los derechos de las víctimas, exigen un estudio amplio de los avances del derecho internacional y de los tratados internacionales ratificados por el país, al menos desde 1978, así como la lectura de lo que fue el proceso de diálogo y negociación.
La mayoría de entrevistas sin embargo, demostraron la confusión de los participantes. Su creencia de que la nueva ley no es otra cosa que la sustitución del actual proceso penal por una nuevo, o que las condenas cuasi perpetuas a los violadores de derechos humanos constituyen una forma de satisfacer los derechos de las víctimas, como si de una venganza personal se tratara. Conceptos como el de “cadena de custodia”, “prescripción” y “debido proceso”, fueron usados con una ligereza que espanta en boca de legisladores y de defensores de derechos humanos.
En torno al tema de la elección y naturaleza jurídica del cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, tres cuartas partes de lo mismo: abogados que proponen un ombudsman o defensor del pueblo con “más garra”, para que se cumplan “sus sentencias”, o con facultades para destituir funcionarios, o que inhiba a unos y otros para optar a cargos públicos, en suma, una ignorancia escandalosa de la historia de esta magistratura moral y parlamentaria que nació en Europa, y que fue trasplantada mucho tiempo después a nuestro país, gracias a los Acuerdos de Paz de Chapultepec, y perfeccionada gracias al trabajo de varios de los depositarios de este cargo y de los ciudadanos que presentan denuncias.
No vamos a inventar lo que no es propio, pero no puede afirmarse en público aquello que es falso o que no contribuye al debate informado sobre los grandes retos nacionales. Pensar, escribir y actuar, son facetas de una labor intelectual que corresponde a todos aquellos que han tenido el privilegio de acceder a una educación y ser tomados en cuenta como referentes de la opinión pública, no importa si son quince minutos, una página como esta o un instante en televisión.
La libertad de expresión es un derecho humano, un privilegio, una responsabilidad de todos.