Opinión

Debido proceso, as de garantías constitucionales

Jaime Ramírez Ortega, consultor legal y de negocios @Jaime_RO74

martes 4, mayo 2021 • 12:00 am

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El Salvador, vuelve a atravesar una nueve etapa de convulsión social, que ha pasado de la guerra a los acuerdos de paz y de los acuerdos de paz a las pandillas que por décadas han bañado de sangre las calles del país. Creo que todos estaremos de acuerdo que se deben efectuar las transformaciones necesarias para cerrar los espacios a la corrupción y a los abusos de los recursos públicos que por décadas han sido mal utilizados y que evidentemente esa dinámica continua, para ello se requiere que las instituciones que administran justicia sean fortalecidas con funcionarios honestos e independientes y sin ninguna injerencia.

Elementos que llevó al presidente Bukele, al poder dado que utilizó ese caldo de cultivo más el resentimiento social para que los electores le dieran un espaldarazo en dos ocasiones, el pueblo se ha equivocado en el pasado y continúa equivocándose, ya que como aquella mujer cachimbeada por el marido, vuelve irremediablemente con el después de habérsele hincado y pedido perdón, de modo que hasta cierto punto los electores se vuelven culpables de las decisiones espurias que toman los funcionarios que eligen, ya que lo ocurrido el primero de mayo en la Asamblea Legislativa, solo fue la continuación del golpe de Estado fallido del 9F.

Dado que no hay duda que los que ahora detentan todo el poder, no tienen la intención de cumplir con las leyes y la Constitución, pero sí obligarán a los opositores y a todo aquel ciudadano que disienta con el presidente a que cumplan hasta con una cuarta más todo el rigor de la ley, de modo que se han sentado las bases para la dictadura, donde la única verdad será la que salga de los labios y del Twitter del presidente y de sus funcionarios, lo cual es contrario a un Estado democrático, ya que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional junto al Fiscal General, constituye un golpe de estado técnico y una violación y alteración al orden constitucional (Art 244 Cn) por parte de los 64 diputados que dieron su voto para la destitución, dado que no siguió el proceso señalado en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y en la Constitución, ya que para que procediera la destitución señalada en el Art186 Cn.

Debieron haberse invocado causas especificas de cometimiento de prevaricato, y haberse seguido el debido proceso que es el “as de garantías constitucionales” (Art 14 y 236 Cn) al que tiene derecho todo ciudadano para ser oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes, principio que les fue soslayado tanto a los magistrados como al Fiscal General. De tal suerte que el invocar la dispensa de trámite, sin haber cumplido el proceso, el acto se vuelve nulo, ya que previo a ello se tuvo que haber elaborada una agenda y darla a conocer de forma anticipada y aprobado por el pleno legislativo (Art 12 N. 12 RIAL) , sin embargo, esto nunca ocurrió, como tampoco se conoció el decreto de destitución, de manera que la dispensa de trámite opera en casos urgentes, y cuando así lo apruebe la Asamblea, de modo que se podrán simplificar los trámites establecidos únicamente en el Reglamento Interior, aun sin el dictamen de la comisión respectiva.

Pero jamás se podrá dispensar el debido proceso señalado en los artículos 14 y 236 de la Constitución al que tienen derecho los funcionarios destituidos, pero lo más grave del asunto es que nombraron en su lugar a magistrados que no aparecen en el listado del Consejo Nacional de la Judicatura, tal como lo establece el Art 186 Cn. Es decir que en una sola noche desmantelaron la democracia y cometieron delito los 64 diputados, ya que pasaron por encima de los artículos 186, 235, 236, y 244 de la Constitución, de modo que tarde o temprano la mano de la justicia los alcanzará, dado que el poder es efímero.