En el contexto actual nuestro parece que se actúa en nombre de un “sistema democrático”, que las acciones y decisiones adoptadas se corresponden con esa “democracia” existente. Del uso de la fuerza militar y del abuso del poder se afirma que es en nombre de la “democracia” que nos gobierna y que parece que habilita las más aberrantes injerencias a la separación de poderes y a la paz social.

De qué tipo de democracia nos están hablando? Estamos viviendo en una democracia? Para que nos ubiquemos un poco en el ordenamiento jurídico nuestro, el artículo 85 de la Constitución, establece que el gobierno es republicano, democrático y representativo; de ahí que partimos de la idea de que cada gobierno nuestro debe ser democrático. Ello tiene diversas implicaciones que se pueden resumir en la existencia de una sociedad más justa. Este tipo de sociedad se caracteriza por la separación de poderes, por el irrestricto respeto a los derechos fundamentales, por la existencia de un sistema de elecciones libre e igualitario, que concede la representación del Estado a la persona elegida a través del voto como un derecho y deber de todo ciudadano ejercido en ese sistema. Pero esta concesión de poder y el ejercicio del mismo debe estar acorde y ser coherente con ese contenido esencial de democracia, de lo contrario, cuando el mismo no es respetado, pierde sentido ese carácter otorgado al gobierno por la norma suprema, entonces puede hablarse de deconstrucción política de la democracia.

Richard Rorty, filósofo estadounidense (1931-2007), quien fuera profesor de la Universidad de Yale, plantea una noción netamente política de la deconstrucción de la democracia a partir de tres acontecimientos que la describen: la digitalidad global, el capitalismo autoritario en China y el populismo político. En el contexto nuestro son el primer y tercer acontecimiento los deconstructores de la democracia actual cuyo origen es latente en el presente gobierno, dirigido por Nayib Bukele. En cuanto a la digitalidad global, lo vemos con claridad en el uso de las redes sociales, desmedido por el Presidente de la República y, en última instancia, utilizado para llamar a la insurrección, que en términos generales lo que busca es uniformar el comportamiento de los usuarios, de manera que se convierte en un gobierno digital sin controles verticales. Por otro lado, encontramos el populismo político, considerado como un peligro para la democracia y que puede llevar a la conformación de regímenes autoritarios.

Para la politóloga Ngaire Woods de Nueva Zelanda, profesora de la Universidad de Oxford, el hablar de populismo actual es referirse a un modo de insurrección popular. El populismo se caracteriza por la disminución en el apoyo electoral a los candidatos tradicionales, creciente fragmentación de los partidos políticos, un electorado volátil, el surgimiento de movimientos sociales representados por personalidades excéntricas. Ello no resulta extraño a nuestra realidad.

Tras los acontecimientos surgidos en los últimos días por nuestro gobierno, elegido democráticamente, que van desde un cercamiento militar a la Asamblea Legislativa, a lo que considero una invasión para la coacción de la potestad legislativa, como una manifestación del ejercicio de la fuerza con el fin de lograr la aprobación de un préstamo que se encuentra en manos de los legisladores, con competencias constitucionales para ello, hasta el llamamiento a la insurrección en nombre de la democracia y en el nombre de Dios, queda claro que estamos frente a la deconstrucción política de la democracia, a través del populismo que no tiene otra consecuencia que el peligroso autoritarismo como forma de gobierno, pese a tener un representante elegido por los mecanismos legítimos instaurados por la Constitución.

Se trata de una flagrante injerencia a la separación de poderes, un abuso del poder justificado en una democracia deconstruida por su propio populismo político, por la digitalidad desmedida y sin control alguno. Nos están gobernando con una democracia que se va deformando poco a poco, que es utilizada para acciones ilegítimas y atropellos a las instituciones jurídico-políticas, y que nos llama a volver a reflexionar en su contenido esencial para exigirlo, no para contemplarlo como un ideal inalcanzable.

Como sociedad civilizada, nos debe ser inconcebible cualquier apreciación distinta a aquella que sostenga que vivimos en una sociedad que considera inaceptable discursos inicuos, que deslegitiman instituciones jurídico-políticas, que tergiversan su significado para justificar acciones perversas, que se asemejan a aquellos casos en los en el nombre de Dios se cometieron crímenes absolutamente reprochables, así como en el régimen nazi, con fundamento en un orden jurídico vigente pero moralmente reprochable, se ejecutaron exterminios racistas.