La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó este lunes aprobar 15 días más, hasta el 16 de mayo, al decreto 593 sobre Estado de Emergencia Nacional por COVID-19, votación condicionada a que el Gobierno envíe los informes detallados y relacionados al decreto.

El decreto faculta a la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a limitar o restringir de personas que puedan ser portadoras del COVID-19, al entrar al país y dentro del territorio nacional.

Para firmar el dictamen, Arena y FMLN lo condicionaron a la rendición de informes sobre la aplicación de la emergencia nacional que por ley el Gobierno debe entregar.

La jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, pidió un informe de cómo se han gastado los fondos durante la emergencia nacional. El diputado Carlos García Saade, de Arena, indicó que faltan tres informes de Gobernación, del 29 de marzo, del 13 de abril y del 27 de abril.

El presidente legislativo, Mario Ponce, advirtió que el informe de la segunda prórroga “sí se recibió” pero admitió que “no se leyó” porque se encontraban en un “estira y encoge” para aprobar la segunda prórroga.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, condicionó los votos a una reapertura económica gradual sujeta a protocolos sanitarios, sin discriminación del tamaño de empresas, para que la prórroga de la emergencia “tenga a su base un verdadero plan”.

 

Los límites

El decreto ordena a que toda persona limite su circulación “en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico a partir de cordones sanitarios visiblemente fijados” y a limitar “las concentraciones de personas, regulando, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud de los habitantes” previa resolución de la Dirección General de Protección Civil en coordinación con el Ministerio de Salud.

Este decreto también autoriza al Ministerio de Salud a “indicar” cuarentena obligatoria a toda persona sospechosa o confirmada como portadora del COVID-19 o expuesta, después de la evaluación médica, advirtiendo que los centros de cuarentena deben tener condiciones adecuadas y dignas.

Así mismo, prohíbe despidos de trabajadores que sean objeto de cuarentena por COVID-19 o imposibilitadas de regresar al trabajo por restricciones migratorias. La prórroga se basó en una solicitud realizada por el diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.