De acuerdo a los comisionados del IAIP, la diligencia era una inspección administrativa a los archivos de concentración del Estado Mayor Conjunto, para corroborar si existe o no información en el periodo antes señalado. Sin embargo, el acceso al recinto militar fue negado por órdenes de los altos mandos.
La comisionada presidente de la IAIP, Cristina Pérez, indica que el representante legal del Ministerio de la Defensa se presentó a las audiencias donde la Universidad de El Salvador (UES) solicitaba acceder a documentos relacionados a intervenciones militares, pero el abogado no alegó en ningún momento estar en desacuerdo con la inspección.
“Se han hecho todas las notificaciones de ley para que el ministro, en caso de tener alguna oposición a la información que se estaba solicitando, pudo haber activado en el momento procesal oportuno; no obstante, (René Merino) mandó al apoderado legal para que compareciera e interviniera en la audiencia pero nunca alegó un incidente”, asevera Pérez.
El pasado 3 de marzo, el IAIP ordenó al Archivo General de la Nación entregar pruebas de la eliminación de documentos militares entre 1975-1995, para determinar si existe un registro de las órdenes del Estado Mayor en crímenes contra la UES.
En esa ocasión, el abogado de Defensa argumentó que la respuesta de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) determinó que “no se encuentran antecedentes de los hechos ni elementos para realizar la reconstrucción de la información en la forma requerida” por el demandante.
El IAIP ordenó investigar de primera mano la inexistencia de los documentos. Los comisionados indicaron que solicitarán una audiencia temática a la CIDH, para denunciar actos de intimidación y acciones “maliciosas” para anular el derecho humano al acceso a la información pública.
