La semana pasada concluyó el juicio, en Madrid, España,contra el coronel retirado Inocente Orlando Montano, por la matanza de cinco jesuitas españoles en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La masacre ocurrió la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el contexto de la ofensiva final impulsada por el FMLN. Terminado el juicio solo se está a la espera que el juez de el fallo. La Fiscalía española ha pedido hasta 150 años de cárcel para el militar retirado.
Aquella madrugada un grupo de militares élites participó en la muerte de ocho personas, siendo ellos los jesuitas españoles Ignacio Ellacurría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Martín Baró y Amando López, así como el sacerdote salvadoreño Joaquín López, y Elba Ramos y su hija Celina.
La Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, solo se realiza para aplicar justicia por la muerte de los cinco ciudadanos españoles. Por la muerte del religioso salvadoreño y las mujeres quedará pendiente un posible juicio en El Salvador, por lo que se está a la espera de una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Presuntamente, de acuerdo con la acusación, Montano y otros altos oficiales participaron en una reunión donde planificaron y avalaron la muerte de los jesuitas a quienes consideraban aliados de la entonces guerrilla. Habrían dado la orden y esta habría sido ejecutada por subalternos, uno de los cuales hasta fue citado en el juicio para declarar como testigo en contra de Montano, quien fungía como viceministro de Seguridad Pública cuando ocurrieron los hechos.
Culpable o no, será decisión jurídica de la Audiencia Nacional, la que haga las respectivas consideraciones y decidirá si condena o absuelve. Aparentemente Montano no fue el único que participó en aquella fatídica reunión, pues en ella habrían participado otros altos oficiales, incluso civiles con responsabilidad ejecutiva.
Por más acuerdo que hubiesen tomado aquellos militares y civiles de alto poder para matar a los jesuitas, la masacre no se hubiera consumado si los subalternos ejecutores no la hubieran obedecido por ilegal. Y es que ni en plena guerra tiene cabida una orden ilegal. Nadie mata a niños o ancianos solo porque existe una guerra, tal como ocurrió en El Mozote, donde militares acabaron con cerca de mil personas sin mayor justificación porque eran tiempos del conflicto armado.
Durante los años del conflicto armado hubo crímenes horribles de lesa humanidad en nuestro país. Algunos ejecutados por el ejército, otros realizados por la guerrilla y muchos por los escuadrones de la muerte patrocinados por civiles en contubernio con grupos de poder económico. Al final quien sufrió las consecuencias fue la población civil que le tenía miedo a los tres bandos. En los tiempos del conflicto armado, todos estuvimos en la línea roja pues, tal como ahora por el accionar de las pandillas, todos podíamos ser víctimas en cualquier momento.
La muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, al igual que la masacre de los jesuitas y sus colaborados, así como otros crímenes, nos caló profundo porque fueron la representación atroz de un conflicto que nos causó demasiado daño, independientemente de si fue o no necesario. Unos dirá que el conflicto fue necesario para acabar con las desigualdades e injusticias sociales y otros dirán que solo fuimos “conejillas de india” de una guerra fría entre dos potencias mundiales. Al final son criteriossubjetivos, pero que objetivamente en 11 años dejaron más de 75 mil muertos.
En definitiva es posible que algunos de los jesuitas masacrados o al menos Celina (asesinada a los 16 años) estuvieran con vida, si tan solo los subalternos no hubieran obedecido una orden ilegal. Del juicio contra Montano hay que aprender la lección y no obedecer nunca una orden ilegal. Nunca.