El demandante de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, Benjamín Cuéllar, recomendó hoy que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le pida a la Asamblea Legislativa un informe del nuevo proyecto de Ley de Reconciliación.
“Quiero hacer un llamado a la Sala de lo Constitucional para que pida a la Asamblea Legislativa un informe sobre el proyecto de ley que piensan aprobar para que la Sala examine si ese proyecto de ley cumple con los parámetros establecido establecidos en la sentencia del 13 de julio de 2016 que declaró inconstitucional la amnistía de 1993”, dijo Cuéllar.
A su criterio, el proyecto de ley que se pretende aprobar por la Asamblea impedirá la investigación y juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la guerra, no permitirá la reparación y el acceso a la verdad de las víctimas.
Además, Cuéllar es del pensar que “quienes dieron las órdenes” para cometer crímenes durante la guerra deben pagar condenas carcelarias y no con trabajo de utilidad pública.
“Las condenas que establece dan pena francamente porque son de tres a diez años (de prisión) para aquellos que mataron o desaparecieron a miles de personas a cambio de servicios de utilidad pública”, señaló el demandante de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.