El relativismo aplicado por la población es sin duda alarmante ya que podríamos comenzar un proceso que termine eliminando derechos civiles y humanos, que luego se necesitarán para continuar con el proceso democrático, sobre el problema violencia por ejemplo es lo que comenzamos a observar, un sinfín de medidas drásticas contra reos y delincuentes, algunas de ellas en el lindero de la violación a los derechos fundamentales pero que a la luz de la urgente necesidad de terminar la violencia y el control territorial de las maras, son pasados por alto o premeditadamente obviados, esperando que el resultado sea conveniente (nada nuevo en el manejo del tema, considerando lo hecho por administraciones anteriores).
Vemos como ministros, diputados y la misma presidencia de la República hacen omisión de los procesos de ley y exigen incluso apoyo acusando a priori de “traición a la patria” por decir lo menos a aquellos diputados que no aprueben aumentos al presupuesto de seguridad, es decir, se solicita un apoyo irreflexivo, total y condescendiente bajo el argumento de que “yo” quiero hacer lo bueno y “tú” no me dejas, por tanto “tú” eres también enemigo de la población igual como lo son los delincuentes.
No puedo ni debe decirse que debe tratarse a los criminales con guantes de seda, claro que no, pero hay que tratarlos como la ley dice que debe hacerse; si la ley no me parece correcta debe modificarse para aplicarse un nuevo método, pero transgredir la ley vigente para hacer “lo que yo creo” es sembrar en el terreno de la tiranía y la dictadura, es retroceder en la administración pública al caudillismo y al presidencialismo, que se basa en decisiones ligadas a personas y no a procesos y o leyes que nos hagan iguales a todos como lo dice la Constitución, independientemente de si el resultado de la acción fuese positivo.
Las dictaduras comienzan con pequeños detalles, limitando bajo la “conveniencia” la aplicación de la ley, dejando sin garantías a los ciudadanos en un momento determinado, para solo tener atención si estamos “dentro del grupo” o somos “afines” a las personas que detentan el poder, porque ellos definen lo que más conviene, no según la ley sino según su apreciación particular, degenerándose esto, como lo ha demostrado la historia en más corrupción, intolerancia política, represión y por ende pérdida del estado de derecho.
El poder delegado con el voto tiene que aplicarse en función de la Constitución y no es absoluto, de hecho se diluye en tres poderes de Estado, que tienen igualdad de condición pero diferente jurisdicción y objetivo, ninguno puede controlar a los otros, ni bajo pretexto de eficiencia o deseo de bien, porque es un diseño hecho para el disenso, para el debate, para el cabildeo y para la discusión de ideas, no para la imposición o para que exista una sola cabeza gobernando el país. Pretender tener todo el control para hacer gobiernos efectivos es el principio de la dictadura, del poder de las oligarquías, es el principio de la reducción social y del poder ciudadano, por lo tanto no es posible apoyar esta visión. Si bien es cierto el poder se delega para ejercerlo, será en su ámbito de ley, reducido a lo que la ley permite y en las condiciones de respeto a los principios y normas fundamentales.
Convertir las cárceles en mazmorras o calabozos donde se “pudren” los malos es un retroceso significativo en el proceso de lucha contra el crimen, porque son personas y deben ser tratadas como tales y, aunque pueden endurecerse medidas, no puede sobrepasarse la ley; de lo contrario, en el paso siguiente todos los “enemigos” serán llevados a la mazmorra por orden de alguien y su proceso será como lo es hoy en Nicaragua, Venezuela o Cuba, digamos como lo fue en El Salvador de los años 30 al 60, de donde solo la guerra pudo sacarnos un poco a flote.