El pasado domingo el Parlamento Centroamericano (Parlacen) fue parte de la observación de la jornada electoral en la hermana República de Guatemala; las encuestas anunciaron la tendencia confirmada de una segunda elección.

Este proceso eleccionario general se realiza cada cuatro años para elegir a los representantes de los guatemaltecos en la presidencia, diputados nacionales y Parlacen, alcaldes y consejos municipales. Para los salvadoreños el evento tiene mucha importancia por los tradicionales y estrechos lazos de vecindad e historia compartida, fuerte intercambio económico y comercial, así como por los retos comunes: desempleo, inseguridad y criminalidad, migración, injusticia, desigualdades y exclusión económica y social.

Las escasas oportunidades en ese país lucen la ausencia de un proyecto concertado de Nación y la voracidad de poderosos grupos económicos con poca conciencia social que empujan a un irremisible éxodo migratorio, fenómeno que en reversa trae aparejada la proliferación de grupos criminales de pandillas, consecuencia sociocultural de aquella sociedad norteamericana de consumo, ávida de mano de obra barata, excluyente, en la que su administración desconoce los aportes, reniega derechos y responde con represión.

Guatemala es un hermoso país con mucha riqueza natural, un extenso y pujante territorio cinco veces mayor al nuestro; con 17,6 millones de habitantes es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe; posee una de las mayores poblaciones Mayas, Xinca y Garífuna que han sabido sobrevivir a las adversidades defendiendo su identidad.

Al igual que nosotros, acordaron un complejo proceso de paz que lleva 23 años después de una prolongada guerra civil de 36 años y que dejó una amarga estela de 250,000 muertos y 40,000 desaparecidos, según datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, respaldada por Naciones Unidas. De ese álgido periodo emerge una nueva institucionalidad pendiente de consolidar frente a una turbulenta coyuntura en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Congreso archivar un proyecto de decreto de amnistía, opuesto a la Ley de Reconciliación Nacional del año 1996.

El clima político de esta elección se caracterizó por amenazas y asesinatos de candidatos locales a manos de sicarios del crimen organizado, probablemente asegurando su control territorial; involucraron entre otros, a un candidato presidencial descalificado y procesado en EEUU. Estos hechos generaron un profundo desánimo electoral. Un escenario atomizado en 27 partidos políticos de confusa y dispersa identidad ideológica, lanzaron 24 candidatos presidenciales, de los cuales cinco fueron inhabilitados, compitiendo al final 19 fórmulas presidenciales; era previsible que ninguna sobrepasaría el 50% exigido por la ley para declarar ganador.

El desencanto tiene sustento en la frustración por el estrepitoso fracaso del actual presidente Jimmy Morales, joven y diestro comunicador, hábilmente proyectado por su angelical inexperiencia en la administración pública y los partidos políticos, que supo capitalizar el descontento y la antipolítica generada por fallidos partidos, enarboló la bandera para erradicar la corrupción, se comprometió a dotar de medicinas a los hospitales, calidad en la educación, desarrollo económico y empleo; llegó de la mano y con el respaldo de EEUU, triunfó en las elecciones de 2015, aplastando a todos sus contendientes con el histórico 68% de votos. Cuatro años después su imagen está hundida en críticas ante los procesos penales enfrentados por familiares y su círculo cercano.

Con una profunda crisis de inseguridad, asedio territorial de grupos criminales de pandillas, crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, desempleo y falta de oportunidades, migración hacia Estados Unidos, instituciones debilitadas. Una desproporcionada apuesta por la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) no resolvió las causas estructurales de la impunidad y corrupción, dejando como saldo negativo el enfrentamiento y resquebrajamiento institucional.

Esta primera ronda mostró la significativa credibilidad del TSE, una institución con suficiente capacidad administrativa, logística y jurisdiccional, pero que fue complicada por la interferencia de la judicialización del proceso electoral, reto pendiente de resolver en la evaluación de futuras reformas.

La gran lección para nuestros pueblos es que las soluciones a los grandes problemas de nuestros países no se alcanzarán por mágica y ciega confianza en mesiánicos gobernantes, sino por la consolidación del conjunto de nuestras instituciones del Estado, el consenso de todos los sectores sociales y políticos sobre el modelo a seguir, y la participación crítica de la ciudadanía. Veremos qué le depara a Guatemala en la segunda vuelta electoral.