Para la asociación los objetivos van más allá de establecer un régimen legal, al otorgar “inmunidad a entidades y funcionarios contratistas de insumos y equipos médico” (esto en su artículo 4), así como “ignorar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) amparando legalmente arbitrariedades en cualquier acción o proceso” en torno a la atención de la pandemia.
Alames-Margarita Posada destacó que el documento, es un “blindaje” para no procesar a los funcionarios que comercializaron medicamentos e insumos durante la emergencia por el virus, “enriqueciéndose” a causa de la misma. La ley fue aprobada el 5 de mayo por la Asamblea Legislativa, con 64 votos de Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), PDC y PCN.