La Comisión de Legislación estudió la propuesta. / A.L.
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa mandó al archivo la propuesta de reforma de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos para sancionar de cuatro a ocho años de prisión a las personas que por medio de cuentas de redes sociales falsas difamen, calumnien o injurien.
La decisión fue tomada por unanimidad de todos los partidos políticos tras recibir el informe que hace 15 días le pidieron a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (Ute), que señala que “la propuesta no reúne la racionalidad lingüística necesaria, algunos términos son demasiado amplios”.
Indica que “cuando se refiere a realizar apología del delito, lo que viene en detrimento a definir cuáles son los fines sociales perseguidos, aunque se entiende que es el combate a la ciberdelincuencia”.
Señala “desproporción de la pena en relación a los ilícitos que incorporan”. “Se establece la misma pena a tipo penales diferentes, indefinición del tipo de acción penal”, dice.
La Ute advirtió que el proyecto debería tener compatibilidad con la normativa constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Sugirió precisar la definición de perfil falso, y señalar todos los medios digitales en vez de revistas y periódicos.
El informe de la Ute sugirió “suscribir y ratificar el Convenio de Budapest porque establece los principios jurídicos y las directrices completas que deben tomarse en cuenta para operativizar esta clase de delitos, pues es un esfuerzo de orden internacional”.