La semana pasada, en una acción en la que participaron varias decenas de excombatientes, acompañados por algunos diputados y hasta por el Secretario General del FMLN, intentaron bloquear la circulación de vehículos en las principales calles del centro capitalino, a la vez, demandaron reformas a la Ley que regula el otorgamiento de pensiones a los veteranos, con el objetivo de que se incluya a 20,000 nuevos beneficiarios de una pensión o compensación económica por su supuesta participación en la guerra civil.
Esta acción se ha repetido a lo largo de toda la posguerra, hace un año por lo menos seis asociaciones de desmovilizados del ejército bloquearon las principales calles y avenidas, meses antes y ante la misma presión de calle, los diputados habían aprobado la asignación de una pensión de $300 mensuales para cada veterano de guerra, y en época de campaña, el Ministro de Gobernación del último gobierno del FMLN les había ofrecido al menos tres veces más.
Las demandas de estos grupos superan incluso los datos reunidos con apoyo de países amigos al finalizar el conflicto. Los censos llevados a cabo en 1993 y con los que se organizó la primera base de datos del “Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados” (FOPROLYD), daba cuenta de la existencia de 30,000 familiares directos de los caídos en combates y un aproximado de 12,000 lisiados de guerra.
Durante la mayor parte de la década de gobiernos del FMLN, los datos relativos a los beneficiarios de estos programas se mantuvieron en reserva y ahora, que estos vuelven a la oposición política, hacen parte del ejercicio de esta las exorbitantes demandas económicas del este sector, al que ignoraron durante la mayor parte de su accidentada gestión.
La ocupación de propiedades privadas, el bloqueo de calles, el daño de monumentos públicos y la amenaza por parte de los voceros de estas organizaciones de veteranos de incrementar sus acciones de fuerza, en caso que las autoridades de turno no acceden a sus pretensiones económicas, contrastan con la humildad y estoicismo con la que sus víctimas –por otro lado- demuestran cada vez que se manifiestan para ver satisfechas sus demandas de verdad, justicia y reparación. Estas últimas, son consecuencia directa de los mismos hechos de guerra a cargo de estos veteranos que hace veinte años, no dudaron incluso en tomarse violentamente las instalaciones del palacio legislativo.
Las asociaciones de desmovilizados y lisiados de guerra piden mucho pero no aportan nada. Beligerantes pero desmemoriados, recorren calles y avenidas vistiendo los antiguos uniformes de los antiguos batallones de infantería de reacción inmediata o de la “benemérita” Guardia Nacional, unidades militares que dejaron un rastro de muerte y destrucción del que da cuenta el Informe de la Comisión de la Verdad publicado por la ONU en 1993.
No deberían otorgarse más beneficios a ex miembros del ejército o de la guerrilla, si estos no aportan datos concretos sobre su desempeño durante la guerra civil, sobre el paradero de víctimas, acerca de las órdenes recibidas y la autoría de estas e incluso aportando documentos y otros datos que muchos mantienen en su poder y que, un cuarto de siglo después, permitirían a fiscales e investigadores independientes documentar en forma precisa la verdadera historia del conflicto y las responsabilidades de todos los actores con capacidad de mando involucrados.
El costo de acceder a las demandas desmesuradas de estos grupos y la manipulación de estas, a cambio de votos para sus patrocinadores en las próximas elecciones, no hace más que perpetuar un peligroso juego de complicidades que mantiene viva la impunidad y una creciente falta de gobernabilidad en nuestro país.
La aplicación de la ley y el desmontaje de estructuras violentas e incluso paramilitares que amenazan la seguridad de la población, es un reto que deben afrontar responsablemente las autoridades.
Los desmovilizados no solo se han acostumbrado a bloquear calles, sino que también, las demandas de una sociedad que quiere mantenerse en paz y de las víctimas que siguen reconociéndolos en la vía pública.