60 víctimas denunciaron a los señalados de integrar la red de tráfico. / DEM
Por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas, el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó ayer que 21 imputados sigan en prisión y giró orden de captura para seis prófugos, entre ellos el alcalde de Pasaquina, La Unión, Marvin Alexander Reyes Nativi.
El día del operativo la Fiscalía General de la República (FGR) giró 32 órdenes de captura, pero solo se ejecutaron 25 y el pasado martes cuando se instaló la audiencia de imposición de medidas, uno de los acusados se presentó voluntariamente.
Ayer al momento de emitir la resolución, el juez decidió que de los 26 imputados presentes, 21 sigan en prisión, a cuatro les decretó arresto domiciliar y la imposición de brazalete electrónico.
Entre esos procesados figura José Arnoldo Ayala Nolasco, de 63 años, a quien se le otorgó esa medida por su delicado estado de salud; Gustavo Adolfo Umanzor, quien acreditó arraigo académico, Ever Manfredo Orellana Cardona y dos mujeres, una es abogada quien demostró arraigo laboral y además es madre de un menor de edad.
Mientras que José Alonso Rivera Jurado, quien se presentó voluntariamente, quedó en libertad ya que su abogado defensor logró demostrar que tiene arraigo familiar, domiciliar y laboral; en la audiencia el procesado dijo que trabaja en una alcaldía como motorista y que necesita seguir laborando, el juez accedió e impusomedidas y brazalete electrónico.
En el fallo, el juez ordenó que los imputados que tienen su residencia en los departamentos de la zona oriental, guarden prisión en los penales ubicados en esa región.
En cuanto a los acusados que residen en la zona occidental deberán estar cumpliendo la detención provisional en las penitenciarías instaladas en ese sector.
El juez también le ha otorgado a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses de instrucción para que en esa segunda etapa procesal amplíe las investigaciones y realicen las diligencias útiles solicitadas en el requerimiento.
El funcionario judicial también estableció ayer que el Ministerio Público debe presentarle el dictamen de acusación (investigación final) el 4 de marzo del año 2020, para luego programar la audiencia preliminar en la que se determinará si los acusados pasan o no a vista pública.