La próxima legislatura tendrá que ratificar la reforma a la Constitución de la República. / DEM
Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 77 votos reformar los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República para declarar el agua como un “bien público”.
Los diputados decidieron suprimir la frase en donde se indicaba que la gestión del agua debía ser “sin fines de lucro”, debido a que consideraron que esta premisa se cumpliría al declarar el agua como un bien público.
Según los parlamentarios, al declararla como bien público, las reformas buscan garantizar que no se privatice el agua. La propuesta inicial de reforma indicaba: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.
Durante la Comisión de Legislación, el 12 de octubre, el diputado René Portillo Cuadra pidió suprimir la frase y pidió agregar expresamente que “el agua constituye un bien público”.
Argumentó que “cuando la Constitución habla de los derechos individuales, no los jerarquizó”, en referencia a la libertad económica que también garantiza la Carta Magna.
Dina Argueta, diputada del FMLN, afirmó que la aprobación del derecho humano al agua tomó más de tres legislaturas. Aunque se suprimió la garantía para no lucrarse del agua, expresó, esto demuestra que los partidos políticos sí pueden llegar a acuerdos.
La reforma al artículo 2, en tanto, quedó de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
La próxima Asamblea deberá ratificar este acuerdo de reforma aprobada este jueves. Una primera reforma ya se frustró. En abril de 2012, se aprobó una reforma al artículo 69 para incorporar el derecho humano al agua, pero en la legislatura 2015-2018 no logró la ratificación.