La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa consultará con el Ministerio de Economía (Minec) el impacto económico que tendría el inicio de la vigencia de une nueva Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada en El Salvador.

La invitación al Minec fue aprobada con seis votos de la Comisión de Trabajo la tarde de este viernes. El diputado Edgardo Mulato (Nuevas Ideas) explicó que quieren evitar despidos.

Héctor Sales, legislador de Nuevas Ideas, explicó que en estos días han estado analizando “los diferentes artículos del proyecto” junto a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Trabajo. Pero coincidió en que no pueden correr para aprobarla, ya que podría provocar despidos o incrementar el precio de los productos. “No queremos ahuyentar a la empresa privada”, añadió.
No podemos correr en este momento y, con la idea de sacar ya la ley dejar una ley que pueda beneficiar a unos pocos y afectar a una gran mayoría. Podríamos beneficiar a 10,000 agentes de seguridad pero pudiera tener por consecuencia tener algunos despidos”. Héctor Sales, diputado de Nuevas Ideas.

La promesa es una ley “favorezca a todos”, a empresa privada, agentes de seguridad y consumidor final. “Una ley que no sea razonada desde todos los sectores, desde todos los puntos, puede tener consecuencias serias en el consumidor final, porque debemos preguntarnos ¿y quién va a pagar el servicio del agente de seguridad?”, cuestionó.

 

La propuesta


La ley fue propuesta el 20 de julio de 2021. Con la idea de aprobar un proyecto luego de consultas realizadas, la Comisión de Trabajo recibió un proyecto con modificaciones el 9 de agosto. Diez días después, el 19 de agosto, la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada (UNASP) advirtió que la nueva ley haría que se cancele el 60 % de los servicios y que implicaría despidos, inseguridad jurídica y delincuencia.

Algunos elementos que incluía este borrador:

  • Seguros de vida para los agentes de seguridad que no podrán ser costeados por el trabajador.

  • No pagar el seguro de vida por muerte o invalidez sería infracción muy grave de las empresas, castigadas con multas entre 41 y 80 salarios mínimos mensuales del sector servicios, es decir, entre $14,965 y $29,200.

  • Serían infracciones muy graves no conceder pausas alimenticias a los agentes, lo adecuar espacios físicos con ventilación e iluminación y ergonómicos a los trabajadores, no conceder pausas y condiciones para necesidades fisiológicas de los trabajadores, no cumplir las jornadas de 8 horas diarias y 44 horas semanales en jornada diurna; o 7 horas diarias y 36 horas semanales en jornada nocturna.

  • Serían infracciones graves el maltrato verbal, discriminación, no dar permisos para consultas médicas o no dar insumos de trabajo.


 

“No la estamos haciendo a la carrera”


La diputada Janneth Molina, de Nuevas Ideas, aseguró que no están haciendo una ley a la carrera pero rechazó que estén “abandonando a la población”.

“Esta ley no la estamos haciendo a la carrera, queremos hacer las cosas bien, no estamos abandonando a la población. Son más de 50 artículos que hemos estado trabajando”. Janneth Molina, Nuevas Ideas.

El diputado Ángel Lobos, dijo que seguirán analizando la propuesta. “Pero no crean que lo hemos dejado a un lado, que lo hemos dejado en el olvido”, explicó, señalando a medios de comunicación que “dicen cosas que son falsas”.