La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa redefinirá cuáles serán las profesiones, tipos y giros de los negocios que estarán obligados a reportarle a la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR) las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de sus clientes.

La discusión sobre quiénes serán los nuevos sujetos obligados es producto del estudio y discusión del nuevo proyecto de “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos” que vendrá a sustituir la “Ley contra el lavado de dinero y de activos” que data del 10 de diciembre de 1998.

El diputado de la Comisión de Seguridad, Rodrigo Ávila, explicó que la ley vigente “tiene un atarrayazo enorme” porque define como sujetos obligados a todas las sociedades mercantiles, situación que limita los procesos de investigación al lavado porque no focaliza el tipo, ni los giros de las empresas que deben ser más controladas.

De hecho, la jefe de Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza, recomendó a finales de diciembre de 2019, que la nueva ley contra el lavado priorice como sujetos obligados “aquellas actividades económicas que pueden llegar a ser más vulnerables frente al fenómeno” del blanqueo de dinero sucio.

Para Mendoza, la ley vigente que tiene el Estado salvadoreño en materia de lavado de activo incluye casi a “toda persona natural y jurídica” como sujeto obligado; pero “eso no es eficiente, no es posible e imposibilita a cualquier Estado a ser efectivo en estándares internacionales” en el combate de ese delito.

Preliminarmente, la Comisión de Seguridad tiene consenso para mantener como sujetos obligados a los bancos y los negocios de bienes y raíces. Además, la Comisión discute si incorporará a las gasolineras y a los operadores turísticos, porque eventualmente pueden ser negocios que se presten para lavar dinero.

La ley vigente, en su artículo 2, no hace referencia a las gasolineras como entes obligados y tampoco a las operadoras turísticas, sino solo a las agencias de viaje, empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

 

Profesiones obligadas por ley de lavado

LaComisión de Seguridad también definirá las profesiones que estarán en la lista de sujetos obligados en la nueva ley antilavado.

Según Ávila, el gremio de abogados ya fue consultado sobre el nuevo proyecto de ley; pero ha mostrado rechazo a la idea de continuar en la lista de sujetos obligados, como establece la normativa vigente en su artículo 2 y literal e inciso primero.

“Ahí protestaron y han hablado algunos abogados de que ellos tienen que guardar la confidencialidad de sus clientes como abogados que son. Ese tipo de discusiones vamos a ampliarlas”, dijo Ávila.

El diputado del PDC e integrante de la Comisión de Seguridad Jorge Mazariego cree que los abogados, al igual que los contadores, deben mantenerse en la lista de sujetos obligados y dice que es una propuesta que hará en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad.

“Todo lo que es el sector político, el gran empresario, ejemplo, los abogados, los contadores, porque recuérdese que ellos están obligados. El abogado tiene una responsabilidad jurídica, el contador tiene una responsabilidad directa con el empresario”, expresó Mazariego, subjefe de fracción del PDC.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordó que la próxima sesión de trabajo será este viernes 17 de enero. El martes pasado, el presidente de esa Comisión y jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, pidió “de favor” a todos los diputados que asistan a la reunión para continuar con el estudio del proyecto de ley.

 

De ley contra el lavado



Condenas y sistema

El anteproyecto pide subir a ocho años la pena mínima de prisión por lavado. Actualmente, es de cinco años de cárcel. La máxima siempre será de 15 años.

 

Plazo para aprobar ley

En diciembre del año pasado, la Oficina País de la UNODC recomendó que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva ley contra el lavado en el primer trimestre de 2020.

 

Apoyo técnico de Unodc y FGR

El proyecto de ley contra el lavado fue presentado por el fiscal general, Raúl Melara en octubre pasado. La UNODC brindó asesoría técnica para el proyecto.