Foto DEM-Óscar Machón


La Asamblea Legislativa despojó con 82 votos, la noche de este lunes, el fuero constitucional al magistrado propietario de la Cámara Tercero de lo Civil de la Primera Sección del Centro, Eduardo Jaime Escalante Díaz y con ese paso, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene luz verde para presentar la acusación formal ante los tribunales.

Escalante Díaz es acusado de agresión sexual en menor incapaz agravada en contra de una niña de diez años.

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De acuerdo con el un reporte inicial de las autoridades, Escalante Díaz fue detenido por agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) de Soyapango en la colonia Altavista, en Ilopango tras la denuncia de la madre de la víctima.



“Luego del análisis y discusión de las pruebas, se ha llegado a la firme convicción de la existencia de evidencias suficientes que deben ser conocidas por el juzgador competente, para que sea éste quien determine con carácter de verdad jurídica la existencia o no de los ilícitos y la culpabilidad del indiciado”, reza el decreto, que fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Como consecuencia, el magistrado fue suspendido en el ejercicio de sus funciones y remitido sus "diligencias a la Cámara primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro”.



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Escalante Díaz estuvo presente en la sesión plenaria junto a su abogada defensora, Ana Concepción Arias.

Previo a la votación, los diputados dieron espacio para la presentación de alegatos por la diputada Patricia Valdivieso, quien fungió como fiscal durante el proceso de antejuicio.



Valdivieso insistió en la urgencia de aprobar el desafuero. “Se está sentando un importante precedente para evitar que estos hechos se repitan, mucho menos viniendo de un funcionario de la más alta investidura”, dijo la fiscal.

"Este día la Asamblea Legislativa puede demostrar que el fuero no es tapadera para ningún funcionario, sea este el mismo presidente de la República, magistrado, diputado o ministro. El que comete un ilícito debe enfrentarse a los tribunales", reiteró la diputada.

Ella tuvo un máximo de una hora para exponer sus argumentos en el pleno, al igual que la abogada defensora Arias. La defensora se quejó que no le dieron el suficiente tiempo ni la información suficiente para preparar la defensa.