El informe que preparó la subcomisión Política de la Asamblea Legislativa sobre el proceso de evaluación de los candidatos a procurador de Derechos Humanos omitió los expedientes de investigación que los aspirantes tienen abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR), Corte de Cuentas de la República (CCR) y en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

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Diario El Mundo tuvo acceso a ese informe que consta de 28 páginas y tiene la firma de todos los partidos y la del diputado no partidario, Leonardo Bonilla, quien ha criticado la falta de un mecanismo para la evaluación de los 24 candidatos.

El informe solo hace una breve descripción de la trayectoria laboral y formación académica de los aspirantes; pero, no reporta a los candidatos que tienen procesos de investigación abiertos o archivados en las instituciones.

Sin embargo, la misma documentación entregada por los candidatos en la Asamblea Legislativa demuestra que hay al menos tres candidatos con expedientes abiertos.

Por ejemplo, la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara tiene siete expedientes abiertos en la Fiscalía por delitos de incumplimiento de deberes, coacción, actos arbitrarios, discriminación laboral y coacción al ejercicio de la libertad sindical.

Por su parte, el candidato, Luis Salazar tiene uno abierto en la Fiscalía y dos en la Corte de Cuentas. Luis Romeo García Alemán fue suspendido por un año en 2016 como notario.

Salazar y Alemán han justificado sus expedientes.

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Por su parte, José Apolonio Tobar Serrano tiene tres procesos penales abiertos en la FGR, dos en la CCR y dos archivados en el TEG; pero, ninguna de estos están reflejados en el informe entregado por la subcomisión Política.

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Luego, hay otros candidatos como Juan José Saldaña Linares y Carlos Pacheco Cordero que tienen expedientes archivados en la FGR y Carmen Elena Molina en el TEG.

Las conclusiones del informe

En la página 24, el informe preparado por la subcomisión Política expresa que “concluida la exposición curricular de cada uno de los candidatos y candidatas, se procedió a examinar los atestados con los que prueban no tener situaciones que pudieran ser impedimento para el nombramiento en el cargo” de procurador y que la fase de entrevistas a la que fueron sometidos “fue muy valiosa, ya que permitió obtener información directa de cada participante, información que demuestra la trayectoria individual”.

En la página 27 del informe, la subcomisión Política concluyó que “todos los candidatos y candidatas cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo de procurador o procuradora”.

A pesar que los diputados dijeron que todos los candidatos están aptos para el cargo, todavía no han elegido al nuevo funcionario y la institución está paralizada desde este domingo.

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Al no elegir al procurador en tiempo, los diputados han violado la Constitución y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, dijeron expertos en el tema.

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