El sismo de 6.4 del 1 de febrero pasado aumentó los daños en el Palacio Legislativo, por lo tanto, la gerencia de recursos humanos ordenó la evacuación y el inicio del desalojo del personal. / Óscar Machón
La junta directiva de la Asamblea Legislativa todavía no define si el Palacio Legislativo será construido o si solo sufrirá algunas remodelaciones para albergar nuevamente las oficinas de los diputados y del personal legislativo actualmente en oficinas provisionales.
El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, explicó que la falta de acuerdo entre los partidos impidió la aprobación del presupuesto para 2020 de ese órgano de Estado y frenó la incorporación de al menos $1,100,000 para diagnosticar los daños y reparar el edificio.
“ Todo eso quedó en el limbo porque en el presupuesto no se dejó nada (de fondos)”, dijo el presidente.
El cuarto vicepresidente de la Asamblea, Alberto Romero, contó que en la reunión del miércoles 2 de octubre, la junta directiva de la Asamblea no retomó la discusión sobre el edificio legislativo.
El segundo secretario de la junta directiva de la Asamblea, Rodolfo Parker, dijo que la discusión sobre qué harán con el edificio “es un tema revolvente, no es un tema que esté aterrizado”.
Planteó que “lo que sí está claro es que no se quiere demoler este edificio” y habrá que revisar “cuánto va a significar el gasto del reforzamiento de su estructura”.
La Asamblea Legislativa tiene aprobado desde 2016 un préstamo aprobado por $32 millones para la construcción del edificio pero el tema entró en polémica luego de que el presidente Nayib Bukele pidiera su reorientación para la construcción de escuelas.
“El préstamo está aprobado”, recordó el sexto secretario de la Asamblea, Mario Marroquín, y explicó que la directiva tampoco ha decidido si utilizará o no esos recursos.
El 20 de febrero pasado, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes dijo que el Estado salvadoreño había pagado desde 2016 al menos $500,000 de recargo por el no uso del préstamo para el edificio legislativo.
Pide explicación
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, explicó que los trabajadores institucionales gastan más dinero en pasaje porque tienen que desplazarse hacia las oficinas exteriores que la junta directiva alquiló a causa de los daños del edificio legislativo.
Opinó que “si la directiva decide remodelar el edificio legislativo, deben instalarle escaleras de seguridad para los trabajadores”.