Los salvadoreños están divididos en torno a la Ley de Reconciliación. / DEM


No hay una opinión única entre los salvadoreños sobre qué tan duras o suaves deben ser las penas para una persona que haya cometido delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad.

La Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional fue finalmente vetada por el presidente de la República; los diputados podrían superarla.

Además de plantear el posible cierre de casos si la Fiscalía no detecta que sean crímenes de lesa humanidad, la normativa sugería una disminución a un cuarto de pena a la persona condenada.

Roberto Cortez, un vendedor ambulante, cree que debe ser como cualquier persona que cometa un delito, al igual que Ángel Alirio, quien sugiere que “deberían pagarlo igual”.

Un estudiante de periodismo, David Flores, lo explica: si cometieron asesinato, tienen que pagar de acorde a la ley y no a la edad de la persona.

A Josué Sigarán le es difícil opinar porque cree que los grupos buscan “destruir al enemigo”, pero considera que no se deben ablandar las penas si el crimen fue contra gente civil.

Sonia Sánchez no consideraría justo ablandar las penas porque “estos señores fueron crueles”.

 

Reducción

Sin embargo, muchas ciudadanas creen en la reducción de las penas.

Guadalupe Crespín, una vededora de ropa, considera que las penas no se terminarían de pagar y también advierte “que todos tenemos la oportunidad”.

“Hay muchos criminales afuera que no pagan ni la cuarta parte de los crímenes, hoy estamos en el siglo 21 que pueden ser peor, ¿así que, por qué no darles una oportunidad a ellos que disfruten su tiempo con su familia?”, expresó.

La también comerciante Glenda Vásquez tiene un pensamiento similar: ella cree que si el condenado reconoce su error “está bien que se reduzcan los años” de prisión.

El administrador de empresas Arturo Hidalgo aseguró que podría decir si la ley de reconciliación puede beneficiar. “Lo más probable de que ellos se están protegiendo”, dice.

La normativa es una orden judicial a través de la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida en 2016. La Sala aún no se ha pronunciado.