Ese no es el camino correcto; está demostrado. Para enfrentar en serio el accionar de agrupaciones criminales organizadas ‒con éxito sustentable y no coyuntural‒ se requieren políticas públicas con enfoque de derechos humanos basadas en los principios de igualdad y no discriminación, participación social, mecanismos de reclamo, acceso a la justicia y rendición de cuentas, considerando además las perspectivas de género y diversidad. Con base en lo anterior, debe establecerse una agenda tras identificar las situaciones a atender; entonces se formulan las políticas citadas para ejecutarlas, monitorearlas y evaluarlas. Así lo propone, en síntesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, el “bajón” altamente drástico y súbito producto de un plan “sacado de la manga” al inicio de la gestión Bukele ‒sin contar con el concurso de la institucionalidad estatal en su conjunto ni con la participación de la sociedad‒ es algo increíble. No se ajusta a los anteriores. Lo que sí resulta una explicación del todo racional, siempre que el análisis sea objetivo y no pasional, es que nuevamente se recurrió a lo viejo conocido: tregua entre “autoridades”, tanto formales como fácticas. La esencia del afamado “control territorial”, entonces, parecería ser pactar con quienes tienen el control real allá donde se han librado batallas entre pandillas rivales y entre estas con fuerzas gubernamentales.
Conocida la susodicha negociación y lo acordado, no sabemos si todo o parte, el Ejecutivo reaccionó de inmediato con la etapa burda y hasta vulgar de la negación y la evasión. Así, la “defensa” oficial alegó ser mentira aunque no habían leído la crónica por “tediosa”; que les dieron información falsa a los periodistas y que si su medio había acusado antes al Gobierno de tratar mal a las maras confinadas, eso era “prueba” de que no negoció con estas; que debía depurarse la burocracia que está infiltrada por “los mismos de siempre” y ‒¡ojo!‒ que se cuiden quienes le están tocando algo al “tigre”…
Los tuits y las declaraciones sin argumentos sólidos y contundentes, ni desmienten ni convencen. No podemos seguir creyendo en semejantes “explicaciones”, pues son las mismas de siempre. Uno de los principales “padrinos” de la tregua durante la administración de Mauricio Funes, David Munguía Payés, lo hizo en su momento aunque después aceptó haber transado con esos grupos. Su jefe sostuvo en el 2016 y sostiene aún que no hubo tal negociación, que “el pacto” había sido entre “pandillas rivales” y que el Gobierno solo le había dado “seguimiento a este acuerdo a través de los mediadores”.
Curiosa, sospechosa y casualmente, en las prisiones de máxima seguridad y en las de seguridad permitieron a las familias de la personas privadas de libertad llevarles paquetes de alimentos y colchonetas, al siguiente día que El Faro realizó este “destape”. ¿Fruto visible de ese proceso negociador? Proceso, ciertamente, porque no es de la noche a la mañana que se ven resultados. En fin, el trato a dichas personas se ha convertido en “moneda de cambio” antes y ahora. Eso ocurre cuando las dizque “políticas públicas” en materia de seguridad, dependen de las próximas elecciones.
Pasó con Funes y Francisco Flores. Sí, este último también hizo lo propio pero resultó más “vivo”: su “operación” no la descubrió ni El Faro ni nadie. Durante el quinquenio de Armando Calderón Sol, el promedio anual de muertes violentas intencionales osciló entre 6500 y 7000; con Flores, repentinamente, en su primer año de mandato no alcanzaron las 2300. Pero, ¡cuidado!, después de haber perdido su partido ARENA las elecciones municipales y legislativas en 1993 cambió la “estrategia” y se lanzó de lleno con la “Mano dura” y la “Ley antimaras”. Tras eso, las cifras luctuosas comenzaron a subir ‒la inmensa mayoría allá donde habita la exclusión‒ y no pararon su ascenso hasta que… llegaron Funes y Munguía Payés.
“Ya ha pasado ‒dijo don Vito al final de su citado discurso‒ la hora de las pistolas y los asesinatos. Debemos ser astutos como los demás hombres de negocios […] Nuestros intereses son ‘cosa nostra’. El bien común es lo primero. Juro que mientras yo sea el jefe de mi familia, ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los aquí presentes”. Michaell Corleone asumió dicha jefatura al retirarse su padre, pero solo fue hasta que este murió cuando terminó la “paz” al mandar a cortar las cabezas de los capos de las otras familias en Nueva York. Estos arreglos, debería ser la “lección aprendida”, siempre estarán peligrosamente pegados con saliva.